25 de agosto de 2019
25 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Tras casi tres años de debate
Se conocerá el próximo martes el veredicto en el juicio por el vaciamiento del Banco Mayo
El fiscal general Fernando Arrigo pidió una pena de siete años para Rubén Beraja por asociación ilícita, estafas contra la administración pública y administración fraudulenta, y condenas de entre tres y seis años para los otros once imputados. También solicitó la restitución del dinero objeto del delito, que calculó en casi 300 millones de dólares.

A casi tres años de iniciado el debate y más de dos décadas de producidos los hechos, el Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal fijó para la audiencia del próximo martes la lectura del veredicto en la denominada causa "Banco Mayo", que juzga la responsabilidad de ex directivos de esa entidad financiera y de un grupo de personas vinculadas al titular de la misma -Rubén Beraja- en millonarias maniobras de defraudación. En abril pasado, al finalizar  su exposición de alegatos, el Ministerio Público Fiscal -representado en esta instancia por el fiscal general Fernando Arrigo- requirió penas de entre tres y siete años de prisión para los doce imputados y la restitución de 298 millones de dólares, cifra estimada para el perjuicio en las arcas del Estado.

El juicio comenzó en julio de 2016 y durante su desarrollo declararon cerca de 400 testigos. El objeto procesal se centró en una serie de irregularidades que habrían llevado adelante autoridades del Banco Mayo Cooperativo Limitado que derivaron en su posterior cierre y liquidación, desenlace que afectó el patrimonio de accionistas y ahorristas del banco pero también del Estado que, a través del Banco Central, le había otorgado en 1998 millonarios fondos a través de operaciones de redescuento, con el objetivo de revertir los problemas de liquidez.

La acusación de la Fiscalía

Para el Ministerio Público Fiscal, a lo largo del juicio se acumularon elementos que permiten acreditar la conformación de una asociación ilícita liderada por Beraja -por entonces titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, DAIA- que llevó adelante, siempre con fines de lucro, una serie de defraudaciones en la gestión de los activos de la entidad financiera. Según la acusación fiscal, las maniobras implicaron el funcionamiento en las mismas instalaciones del banco de las denominadas "mesas de dinero", es decir, un circuito financiero por fuera de la regulación del Banco Central. La "ardidosa" captación y administración de esos fondos -que afluían al banco atraídos, en parte, por la confianza y relevancia institucional del propio Beraja como referente de la comunidad judía- les habría permitido a los directivos financiar negocios propios, en detrimento del interés cooperativo de la entidad.  Por otro lado, los imputados habrían utilizado para beneficio propio o de personas físicas y/o jurídicas vinculadas a ellos la ayuda que, en concepto de asistencia financiera por iliquidez, le suministró el Banco Central entre septiembre y octubre de 1998, desembolsos que alcanzaron los 298 millones de pesos/dólares.

En efecto, durante el juicio brindaron su testimonio funcionarios del Banco Central con facultades de inspección sobre el Banco Mayo al momento de los hechos, quienes dieron cuenta de que a medida que la entidad percibía los redescuentos de parte de la autoridad monetaria, en lugar de cumplir con las obligaciones asumidas se permitían giros en descubierto a empresas vinculadas -o con “influencia controlante”, tal es el caso de Icatur, Manfisa SA y Viviendas Mayo- o la compra de acciones de derecho de uso y goce de 1.200 semanas de tiempo compartido a la empresa Icatur. S.A. por la suma de 24 millones de dólares. Una de las inspectoras contó además que durante una verificación advirtieron cheques pagados por altas sumas, que llevaban las iniciales de Beraja y eran cobrados por caja sin ningún tipo de control.

"He considerado en todos los casos que nos hallamos ante un hecho de especial gravedad, cometido por las autoridades máximas de una entidad financiera en connivencia con personas externas pero vinculadas a la institución", indicó el fiscal general Fernando Arrigo. "En lo relativo a la naturaleza de la acción atribuida, la maniobra calificada se tradujo en un grave perjuicio económico para las arcas del Estado, el cual como señalé fue calculado en un total de U$S 298.600.000, con la consecuente afectación del bien jurídico tutelado, esto es, el erario público", concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato.

El fiscal pidió siete años de prisión para Beraja al considerarlo autor del delito de estafa en perjuicio de la administración pública en concurso real con administración fraudulenta, reiterado en cuatro oportunidades, en concurso ideal con asociación ilícita, en calidad de jefe de la misma. También requirió penas para Salomón Carlos Cheb Terrab (seis años); Rafael Charur (cuatro años); Víctor Isaac Liniado (cinco años); León Liniado (cuatro años); Horacio Alegre (tres años); Isaac Duek (cinco años); Sergio Norberto Kompel (cuatro años y seis meses); David Malik (tres años y ocho meses); Alberto Elías Laham (tres años); Jaime Ernesto Yabra (tres años) y José Babur (tres años).

La Fiscalía requirió además al Tribunal el reintegro de las sumas detraídas más los intereses devengados, para lo cual debería disponerse la ejecución de los bienes oportunamente embargados.

El TOF N°3 se encuentra integrado por los jueces Andrés Basso, Julio Panelo y Javier Ríos. Ante la licencia de éste último, el tribunal conformó su integración con el cuarto juez Adrián Federico Grunberg.