El día 23 de febrero de 2017 se presentó el dictamen de requerimiento de elevación a juicio en la causa “BOLSAFE”, impulsándose el juzgamiento oral y público de Mario José Enrique Rossini,  Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva,  Marisa Laura Valdez,  Carolina Fany Pavarin,  Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.

El dictamen fue producto del trabajo conjunto de la Fiscalía Federal a cargo  de Walter Rodríguez y el Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de los Fiscales Gabriel Pérez Barberá y  María Laura Roteta.

Se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia de al menos 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a $251.000.000,  a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país) durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012.

También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Santos Francisco Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva. La magnitud del accionar delictivo, el volumen de personas afectadas y la extensión temporaria de maniobra en cualquiera de sus modalidades, se explica en virtud de un contexto configurado y apoyado en la confianza que inspiró Mario Rossini y los demás imputados en sus clientes, y el ardid aplicado con el propósito de lograr un estado de confusión generado deliberadamente en el público inversor, lo que revela el gran daño producido y el impacto socioeconómico producido.

La magnitud del accionar delictivo, el volumen de personas afectadas y la extensión temporaria se explica en virtud de un contexto configurado y apoyado en la confianza que inspiró Mario Rossini y los demás imputados en sus clientes, y el ardid aplicado con el propósito de lograr un estado de confusión generado deliberadamente en el público inversor, lo que revela el gran daño y el impacto socioeconómico producido.

 El dictamen cuenta con un pedido de medidas cautelares de naturaleza patrimonial que están dirigidas a los imputados que evadieron la intimación cursada por el juez,  cuando manifestaron que no tenían bienes para ofrecer en embargo.

Los próximos pasos del expediente

El juez debe dar traslado a los defensores de los imputados para ejercer el derecho de oposición. Luego se otorgará intervención a los letrados para que se produzcan los reclamos civiles, y se elevará la causa al Tribunal Oral Federal competente, en caso de aceptarse las acusaciones formuladas. Finalmente, la Fiscalía Federal con asiento en Santa Fe y la Procelac, y sus autoridades resguardarán los elementos para seguir la investigación, con el propósito de definir la situación procesal del resto de los imputados en un tiempo razonable, que tiene como principal objeto el delito de lavado de activos.

Síntesis actualizada de la causa

9 Personas: afrontarían el juicio oral y público hoy impulsado.

15 Personas: fueron sobreseídas durante la instrucción.

4 Personas: están procesadas (entre ellos Rossini e integrantes de Valfinsa) por lavado de activos con confirmación de la Cámara Federal de Rosario, y 6 con falta de mérito (integrantes del Banco Galicia). Al respecto, hay un trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal.

14 Personas (13 del Mercado de Valores del Litoral): debe definirse si hay elementos para indagarlos.