El fiscal general cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, solicitó que se investigue por presunto lavado de activos a Pedro Valente, Maximiliano José Valente y Gianluca Valente Vielman. La denuncia de la procuraduría especializada se originó a partir de las copias remitidas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº10, donde tramita una demanda por incumplimiento contractual impulsada por dos de los imputados –Maximiliano y Gianluca Valente- contra Hope Funds S.A.

De dichas actuaciones se desprende que los tres acusados habrían entregado –en calidad de “mutuantes”- la suma de U$S 500.000 a Hope Funds, comprometiéndose ésta última a restituirles lo desembolsado en un plazo de 72 meses, con una tasa de interés del 12% anual. Una vez suscitado el incumplimiento, al acudir a la justicia comercial, los actores solicitaron el beneficio de litigar sin gastos bajo el argumento de que los fondos otorgados en préstamo a Hope Funds eran su único capital y que carecían de ingresos.

En consecuencia, al desconocerse el origen del capital aportado, la Procelac inició una investigación preliminar respecto a la posible comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo. Entre otras medidas, se ordenaron una serie de pedidos de informes a entidades y organismos y se procedió a consultar distintas bases de datos, cuyos resultados dieron sustento a la hipótesis delictiva.

Sociedades offshore e incongruencias patrimoniales

En ese sentido, la Procelac refirió que “del relevamiento de la información reunida, vale resaltar que, prima facie, el perfil patrimonial de los investigados no guardaría relación con la suma de dinero (U$S 500.000) aportada a través del contrato suscripto con la firma HOPE FUNDS S.A., con fecha 14/02/2014. A partir del análisis efectuado, dicho monto cobra especial relevancia, toda vez que, según los propios denunciados, constituiría su único capital, ignorándose su procedencia”. Y continuaron explicando que si bien aún no puede afirmarse que el dinero provenga de un origen ilícito, “resulta llamativo, al menos en esta instancia, que estuviera en poder de dos estudiantes universitarios y un jubilado”.

En su presentación, Pérez Barberá destacó la necesidad de profundizar la pesquisa, particularmente teniendo en cuenta que los imputados se encuentran vinculados a tres sociedades anónimas. El representante del MPF señaló además que los investigados están vinculados a una sociedad constituida en el extranjero, razón por la cual apuntó que “podríamos encontrarnos frente a la posible utilización de una estructura societaria off shore”. En esa línea, solicitó la realización de una importante cantidad de medidas de prueba.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional n°10, a cargo de Julián Ercolini.