La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, solicitó que se rechace la apelación contra un fallo de primera instancia que denegó la homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial que beneficiaría a Hope Funds S.A. y al que se opusieron más de mil acreedores. Además, la representante del Ministerio Público Fiscal identificó una serie de irregularidades en el proceso y las puso en conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el Juzgado Federal N°1 de la Capital Federal y la Inspección General de Justicia (IGJ).

El expediente llegó a la fiscal general luego de que el juez de grado hiciera lugar a las oposiciones, denegara la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial (APE) y dispusiera la conclusión del trámite. Esa decisión fue apelada por Hope Funds S.A. y un acreedor. Si bien la firma luego desistió del recurso, la representante del MPF consideró que “el proceso concursal (en este caso el APE) dejó de ser voluntario una vez el trámite adquirió un desarrollo (declaración de petición, publicación de edictos, oposiciones presentadas por sujetos que fueron tenidos como parte) tal que permitió la intervención de sujetos (pretensos acreedores) con intereses, evidentemente, contrapuestos”, de manera que “el proceso se convirtió en controvertido”.

La empresa está siendo investigada en el fuero penal federal porteño por estafas a los inversionistas y lavado de dinero. Allí se investigan los hechos en los cuales habrían tomado participación un grupo liderado por Enrique Juan Blaksley Señorans, quienes habrían montado una estructura destinada a captar sumas millonarias en pesos y dólares de numerosas personas, a través de la suscripción de mutuos a plazo con la obligación de restituir la suma aportada más los intereses pautados, que superaban ampliamente las tasas de mercado y con garantías no verificadas. Sin embargo, las exorbitantes sumas captadas por Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes, en su mayoría destinadas a bienes duraderos y no a inversiones puntuales, tanto en el ámbito nacional como internacional a través de sociedades offshore.

Una propuesta rechazada
Mientras tanto, Boquín recordó que en el fuero comercial la empresa solicitó la homologación del acuerdo en el que le ofrecía a sus acreedores la cesión de derechos cuotas,condominio o frutos, entre otras variantes, “del Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Verazul” -un proyecto inmobiliario ubicado en Pilar-, del que revestía el carácter de beneficiaria y fideicomisaria. Para ello invocaba dificultades económicas y financieras a raíz de supuestas demoras “en la obtención de habilitaciones” y una presunta “campaña de desprestigio mediático”.

Durante el periodo de oposición, más de mil pretensos acreedores señalaron que fueron omitidos. El juzgado sintetizó las causales en la mencionada omisión; el ocultamiento del pasivo y activo; la inexistencia de las mayorías previstas en la ley; irregularidades en la contabilidad y las certificaciones; la ambiguedad de la propuesta o su carácter de incomprensible, fraudulenta y abusiva. En ese contexto, el 9 de mayo de 2017 rechazó la homologación del acuerdo.

El dictamen de la Fiscalía General
Al dictaminar ante la Sala F de la Cámara de Apelaciones, la fiscal general advirtió que “son tan innumerables y graves las irregularidades del presente proceso que sólo demuestran que el planteo no puede tener favorable acogida”.

En ese sentido, enumeró y describió:
• la “información deficitaria” e “inconsistencias en la contabilidad” -con datos atrasados hasta dos años, en algunos casos, que afectan el derecho de propiedad y a la defensa en juicio de los acreedores-;

• el ocultamiento de activos y pasivos, pero también la exageración del primero con bienes que no le pertenecían a la sociedad. Por ejemplo, Hope Funds había indicado que el emprendimiento inmobiliario le reportaría 140 millones de dólares, pero “ocultó al Tribunal la inviabilidad de la propuesta” porque ese proyecto “se encuentra sobre un humedal, existiendo causas penales y medidas cautelares” que impiden al gobierno bonaerense “otorgar cualquier tipo de autorización para continuar con la consecución del emprendimiento”.

• irregularidades en el fideicomiso Verazul: la Fiscalía indicó que por el punto anterior están en trámite causas penales federales en Zárate-Campana y San Isidro por la afectación al medio ambiente.

• que no se pudo verificar la existencia y legalidad de los acreedores denunciados por la firma en primer lugar, por lo que el APE “se hubiera convertido en un ágil mecanismo para defraudar los derechos de los acreedores verdaderos”, considerando que fueron más de mil los que se presentaron y opusieron a la propuesta. Por ese motivo, Boquín recordó que varios particulares que se opusieron al acuerdo afirmaron que al menos 47 supuestos acreedores “son en realidad empleados de Hope Funds S.A.”. A esos fines, la Fiscalía General remitió un oficio del dictamen a la PROCELAC y el Juzgado Federal N°1 “a los fines que estimen corresponder”.

• y en lo que calificó como lo “más grave”, que Hope Funds fue intimada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) “al cese inmediato” en el ofrecimiento “de fideicomisos en general” por “no contar con la autorización legalmente exigida”. “En esa situación se encuentra el Fideicomiso ‘Verazul’”, cuya transmisión de derechos “integraban la propuesta de esta APE”.