El Juzgado Federal de Mendoza N°3 elevó a juicio oral una causa en la que seis personas fueron acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico. El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza, interinamente a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, quien solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del Departamento de Las Heras. Uno de ellos es Matías Díaz Verón, que fue condenado a trece años de prisión en 2022 por el acopio de un cargamento de más de cuatrocientos cincuenta kilos de marihuana. La instrucción se clausuró el 6 de noviembre de 2023 y se elevó posteriormente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 2, con intervención de la fiscal Gloria André.

De acuerdo a la acusación, desde por lo menos diciembre de 2015 hasta diciembre de 2021, Díaz Verón y Leila Carolina Ovando Cruz pusieron en circulación en el mercado automotor e inmobiliario de la provincia de Mendoza dinero proveniente de maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes para aplicarlo y concretar la adquisición de siete automóviles y cinco inmuebles que administraban alquilándolos, más un fondo de comercio que explotaban en una despensa en el Barrio Sargento Cabral. De esta forma, los encausados habrían logrado otorgar apariencia lícita a más de 300.000 pesos de origen delictivo: de acuerdo a lo explicado por el MPF, en algunas de estas operaciones interpusieron como titulares registrales a Mirta Verón Muñoz, José y Jesús Ovando Cruz y Carla Tamara González Castro, personas de su círculo familiar directo o allegados de confianza.

La maniobra fue descubierta en una investigación policial iniciada en abril de 2020, luego de una serie de procedimientos realizados el 18 de marzo de ese año en los que se incautaron casi 485 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína y dos armas de fuego, por lo que fueron acusados Díaz Verón, su hermana Fanny Díaz Verón y Gustavo Ariel Valle Visedo. Días después, se llevaron adelante otras medidas y el 11 de abril de ese mismo año, se incautaron diez kilos de marihuana, por los que fueron acusados Díaz Verón y Valle Visedo junto con otros dos colaboradores.

La fiscalía orientó la investigación por blanqueo de capitales de la organización criminal. Tras los secuestros de marihuana, se permitió identificar una diversidad de bienes en el patrimonio del principal sospechado y su esposa, que generalmente hacían titularizar a nombre de familiares directos o personas allegadas, todo ello con la presunta finalidad de dar apariencia de licitud al dinero y, de esa forma, disimular el incremento patrimonial conseguido. A trece meses de comenzada la investigación se había determinado cómo y hacia dónde el grupo criminal consolidaba las ganancias provenientes del narcotráfico, a través de tareas de campo por parte de la Policía de Mendoza, evidencia documental reunida con copia de los legajos de los automotores, matrículas y escrituras públicas de los inmuebles y las comunicaciones entre las personas acusadas.

Como consecuencia, en mayo de 2021, se imputó a las seis personas por la puesta en circulación de dinero proveniente de un delito para adquirir cinco inmuebles, destacándose que uno era una casa de fin de semana con pileta ubicada en una cotizada zona de la localidad de El Challao, Las Heras. En otro de los terrenos construyeron un complejo de cinco departamentos mientras que un tercero fue adquirido con una construcción empezada que terminaron hacia septiembre del 2020 para asentar la residencia del núcleo familiar. Por otro lado, una casa adquirida fue la vivienda de la familia, a la que luego se mudó a vivir la progenitora del líder del grupo. Tras investigar también la compra de seis automotores, algunos de ellos de alta gama, se solicitó la detención del principal implicado y se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios donde residían. En el marco de ellos, e uno de los operativos se secuestraron 300 gramos de marihuana dentro de un inmueble, motivo por el que una mujer -no relacionada directamente con la operatoria de la banda- fue finalmente acusada por tenencia de estupefacientes.

En su requerimiento, el MPF detalló que en octubre de 2021, se le encontró a Díaz Verón un teléfono celular que utilizaba desde su lugar de detención. Tras un análisis pericial, se descubrió que en el dispositivo se encontraban conversaciones de mensajería instantánea que daban cuenta que, aún detenido, el líder de esta organización seguía vinculado con el comercio de clorhidrato de cocaína. Por ello, la fiscalía solicitó la ampliación de indagatoria contra el líder y su pareja por la puesta en circulación de dinero proveniente de la venta de droga para adquirir en diciembre de 2021 una camioneta y por haber adquirido, con fondos del mismo origen, un fondo de comercio que instaló en una despensa en una vivienda del Barrio Sargento Cabral de Las Heras, de donde se obtuvo el secuestro de dos heladeras tipo exhibidoras que se acreditó había intercambiado como forma de pago por la entrega de cocaína.

De acuerdo con lo explicado por la fiscalía, la estrategia investigativa a lo largo de tres años y medio se orientó hacia la recolección de evidencia suficiente para acreditar que el dinero que demandó la compra de cada bien estaba lejos de poder ser justificado por las personas acusadas, quienes carecían de ingresos económicos registrados, como tampoco se conoció el desarrollo de actividades lícitas informales. Asimismo, se determinó que el grupo criminal había elegido especialmente a dos personas que residían y trabajaban en Estado Unidos para titularizar el inmueble donde vivía el líder y su familia y para titular algunos automotores, "conscientes de la orfandad de ingresos propios y de la actividad delictiva que él desarrollaba". Por ello, se ordenó también la inhibición general de bienes de todos los imputados e imputadas y embargos preventivos que van desde 25 hasta 50 millones de pesos