El fiscal federal Eduardo Villalba, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron que se investigue si el juez federal de Orán Raúl Reynoso –actualmente apartado de sus funciones por parte del Consejo de la Magistratura- habilitaba cupos para comercializar en la frontera norte del país a cambio de dinero y/o dádivas. La presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal recoge la denuncia formulada en contra de Reynoso por parte del empresario Héctor Navarro, quien preside una de las catorce cámaras de comercio de la localidad salteña de Profesor Salvador Mazza, ubicada en el límite con la República Plurinacional de Bolivia.
En su denuncia, explicó que años atrás se conformó una Mesa Multisectorial junto a la AFIP (DGI-DGA), la Dirección General de Rentas y la Municipalidad de Salvador Massa con el objetivo de otorgar cupos para la venta de mercadería calificada como de “alto riesgo fiscal” en la zona de tráfico vecinal fronterizo. Se trata de un régimen fiscal especial que rige sobre el ingreso, tránsito y permanencia de mercaderías tales como harina, aceite, arroz, azúcar y maíz en las zonas de vigilancia especial aduanera, tal es el caso de la localidad de Salvador Mazza. Según lo acordado, en forma mensual se otorgan 150 cupos en base a una lista conformada por comerciantes debidamente inscriptos para tal fin.
Ahora bien, de acuerdo a su testimonio, en 2010 se presentó un empresario de origen sirio quien, de manera voluntaria, se autoexcluyó del listado. Según pudo conocerse después, previo a desvincularse, el comerciante en cuestión había presentado una acción de amparo en el juzgado a cargo de Reynoso, quien hizo lugar a la medida bajo el pretexto de que el empresario había sido “discriminado por su nacionalidad”, permitiéndole de este modo el ingreso de camiones en forma ilimitada a la zona de frontera.

Trato diferencial

Ante el trato ventajoso otorgado al empresario sirio, la Cámara presidida por Navarro presentó idéntica acción de amparo, pese a lo cual el magistrado solo accedió parcialmente, habilitando el ingreso de tres camiones de harina aproximadamente por comerciante; no obstante lo cual, la Aduana no los dejaba ingresar. El modus operandi incluiría la intermediación de un grupo de abogados fuertemente relacionados con el magistrado, como es el caso de Ramón Valor y Arsenio Eladio Gaona, este último cuñado de Reynoso.
“Es vox populi en Orán y en Salvador Mazza que quienes obtuvieron resoluciones favorables pagaron importantes sumas de dinero y siempre se presentaron con los mismos abogados, pudiendo mencionar a Gaona y Valor, lo que se puede corroborar pidiendo los amparos que tramitaron ante el Juzgado Federal de Orán en contra de Aduana”, expresó Navarro en su testimonio. Más aún, algunas de las mercancías se encuentran subsidiadas por el Estado con el fin de garantizar el consumo interno, razón por la cual, de corroborarse su salida del territorio a partir de la de la ejecución de las medidas extraordinarias dictadas por Reynoso supuestamente a cambio de dádivas, su exportación hubiese estado prohibida.
Así las cosas, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se agregue la denuncia en el expediente que tramita ante la justicia federal de Salta, ya que los hechos guardan vinculación con los allí investigados, “en tanto se describen conductas presuntamente atribuibles a la misma asociación ilícita y prevaricato, en pos del cometido de su plan criminal”. También solicitaron un conjunto de medidas de prueba.

Extralimitado en sus funciones

En distintas oportunidades, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta solicitó al juez federal de Orán que no se inmiscuyera en el ámbito propio del Poder Ejecutivo, tal como lo venía haciendo al habilitar –mediante amparos- cupos para exportar, una facultad propia de los organismos que regulan el comercio exterior. El 18 de agosto pasado, al revocar una cautelar que habilitaba el ingreso de mercadería por fuera del régimen de la Aduana, la Cámara consideró “inaceptable” la conducta del magistrado, “quien sigue apartándose sistemáticamente de los precedentes dictados por esa Cámara sobre la materia sin siquiera mencionarlos y menos aún, dar razones que justificarían tal apartamiento”.

Suspendido y con pedido de juicio político

El 23 de diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Orán Raul Reynoso. Semanas antes, el magistrado había sido procesado con prisión preventiva por la justicia federal de Salta, que lo señaló como el líder de una asociación ilícita que –desde el propio juzgado y con la intermediación de un grupo de abogados cercanos- beneficiaba a imputados en delitos de narcotráfico a cambio de coimas y dádivas.