El titular de la Fiscalía Federal N°2 y coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron la elevación a juicio de la causa que tiene como principal protagonista al ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que recibía dádivas a cambio de mejorar la situación procesal de imputados en causas de narcotráfico. Los otros integrantes de la organización que llegarían a la instancia de debate oral y público son los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Eladio Gaona y René Gómez -quienes oficiaban de intermediarios entre los narcos y el juez-, los empleados judiciales Miguel Angel Saavedra y César Aparicio, y la hermana de éste último, Rosalía Aparicio, quien habría prestado su nombre para receptar una dádiva dirigida a la organización.

En marzo pasado, la Cámara Federal de Salta había confirmado el procesamiento de todos los integrantes de la asociación ilícita.

En su presentación de más de 130 páginas, Villalba e Iglesias sostuvieron que se encuentra suficientemente acreditado que al menos desde el 19 de marzo de 2010 Reynoso encabezó una organización de carácter “estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la asociación ilícita”, la cual consistía en gestionar y conceder resoluciones judiciales contrarias a derecho, “favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a conductas de narcocriminalidad”, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero. Siempre bajo las órdenes de Reynoso, los abogados –todos cercanos al magistrado- intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, mientras que los empleados judiciales redactaban las resoluciones y, eventualmente, trasladaban el dinero o las dádivas. En ciertas oportunidades, éstos últimos participaron de las operaciones comerciales tendientes a traspasar bienes para ocultar la titularidad.

Durante los casi dos años de investigación se logró reunir una gran cantidad de elementos probatorios –entrecruzamientos e intercepciones telefónicas, testimonios, documentación obtenida en allanamientos, entre otros- que dan sustento a la hipótesis criminal. Asimismo, el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Procunar permitió una mirada integral de la intervención de la asociación ilícita en los distintos expedientes que tramitaban ante el juzgado federal de Orán, identificando en cada caso los roles y funciones de cada uno de los imputados.

Así las cosas, los representantes del MPF requirieron que Reynoso responda como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador  y concusión en nueve hechos, en concurso real, y prevaricato en seis hechos, en concurso ideal.

“Ninguna duda cabe que Raúl Juan Reynoso fue el jefe de esta asociación criminal, rol que asumió desde que la misma comenzó a funcionar. Así, como se indicó más arriba, seleccionó a los integrantes, quienes por amistad o conocimiento merecían su entera confianza, lo cual definió la preponderancia que el imputado tenía respecto del resto de los integrantes de la agrupación”, destacaron. Asimismo, señalaron que durante la instrucción quedó debidamente demostrado que el ex Juez Federal de Orán, “valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico en la jurisdicción en la zona, construyó una figura con amplio poder sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737, exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar”.

El resto de los imputados, en tanto, deberá responder por su participación en la asociación ilícita en calidad de miembro y por el delito de concusión en algunos de los hechos atribuidos a la organización, a excepción de Rosalía Aparicio, quien deberá responder como partícipe secundario del delito de concusión en un hecho.