Los denominados préstamos “por goteo” o “gota a gota” constituyen una modalidad de usura que pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también la integridad física y hasta la propia vida en caso de incumplimiento. Tras de la detección de un importante número de hechos en diversas jurisdicciones del país, en su mayor parte vinculados a una organización delictiva integrada por ciudadanos extranjeros, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) brinda información tendiente a la identificación temprana de este tipo de delitos y los canales para efectuar la correspondiente denuncia.

Entrega exprés: el potencial cliente recibe el dinero sin necesidad de presentar avales o garantías, prácticamente a sola firma. Sin mayores precauciones ni trámite, el capital otorgado –que puede oscilar entre los $2.000 a los $60.000- se entrega rápidamente, lo que actúa como un incentivo para la persona que tiene necesidad de acceder a esa suma de dinero.

Fuera de toda regulación: quienes otorgan este tipo de préstamos actúan al margen de la legalidad, fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina –único organismo encargado de autorizar la intermediación financiera- o cualquier regulación estatal. De este modo, no existen límites a la imposición de condiciones, todo ello en perjuicio del acreedor.

Fachada: la totalidad de los casos registrados en el ámbito local tiene como denominador común el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por parte de vendedores ambulantes de muebles –en algunos casos la práctica incluye la entrega de éstos en cuotas-, actividad que actúa como fachada para el ingreso de la víctima.

Tasas abusivas: la cancelación del préstamo se realiza a través de cuotas periódicas –pueden ser diarias, semanales o mensuales- por una tasa excesiva que, en algunos casos, quintuplica a la oficial. El cobro lo realiza en forma personal el prestamista o un emisario de éste.

Publicidad: los préstamos por “goteo” son ofrecidos por personas o firmas sin más estructura que una dirección de correo electrónico o un número de teléfono; utilizan como canal de publicidad las redes sociales y, en muchos casos, personas que integran la red se hacen pasar como clientes “satisfechos” con el servicio financiero recibido.

Violencia: la persona que accede a este tipo de préstamos queda “atrapada” en medio de un circuito usurero y, ante el incumplimiento, la organización despliega una metodología de cobro no exenta de violencia, que incluye hostigamientos, amenazas y hasta el uso de violencia física.

Extorsión: ante la imposibilidad de cancelar el préstamo, la organización activa un mecanismo de coacción, es decir, el deudor debe “conseguir” el ingreso de un nuevo cliente para poner fin a la cadena de hostigamiento de la que es víctima.

Delitos asociados: existen indicios para establecer que los fondos provenientes para desplegar este lucrativo negocio provienen de actividades ilícitas ejecutadas por la propia organización delictiva, tales como la trata de personas con fines de explotación laboral.

La Procelac –organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación especializado en criminalidad económica organizada propia del ámbito federal, conforme la ley 27.148 y la resolución PGN 914/12– sugiere a aquellas personas que consideren que han sido víctimas de este tipo de delitos o tengan conocimientos de su realización a terceros que, si así lo desean, pueden formular su denuncia en la sede de la fiscalía federal de la respectiva jurisdicción provincial, describiendo, dentro de lo posible, el detalle de los hechos ilícitos denunciados y las personas que hubieran participado en ellos, y aportando o señalando las pruebas que podrían servir para acreditarlos. De encontrarse en Capital Federal, se puede acudir a cualquiera de las fiscalías federales.

Finalmente, la Procelac hace saber que se encuentra a disposición para colaborar con las fiscalías federales de esta Ciudad que reciban denuncias relacionadas con esta modalidad u otras similares, así como también en todos los casos en que, por sus especiales características, se detecte alguna posible manifestación delictiva vinculada a delitos federales, como por ejemplo lavado de activos.