Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó ayer la imposición de penas de hasta quince años de prisión para los acusados de lavar más de veinte millones de pesos provenientes de hechos de corrupción en la megacausa denominada “Lavado I”. A lo largo de dos jornadas, los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscala general Indiana Garzón señalaron cómo el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsecretario de Comercio de Resistencia, Roberto Lugo, llevaron a cabo una organización ilícita destinada a darle apariencia legal a fondos obtenidos de manera espuria.

De acuerdo a la acusación fiscal, Rey y Lugo se valieron de su jerarquía e influencia como funcionarios públicos del gobierno provincial y pergeñaron una estructura funcional que permitió dotar de apariencia lícita al dinero proveniente de hechos de corrupción entre los años 2011 y 2018. El ex secretario general de la gobernación está señalado de apropiarse de fondos públicos a través del desvío de la pauta publicitaria oficial, mientras que el exministro de Desarrollo Social habría favorecido en la contratación como proveedores del Estado a familiares y allegados, promoviendo negociados por altas sumas de dinero a través de múltiples empresas.

Junto con ellos, también fueron señalados como integrantes de la organización Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Gustavo Alejandro Katavich, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla. Al mismo tiempo, el MPF solicitó la absolución por falta de tipo subjetivo para Silvia Lorena Vallejos, Mónica Mabel Borovach, Cristian y Santiago Samaniego, Romina Gisele Fernández, Ivanna Soledad Sánchez Pardo, Mariano Damián González; por encubrimiento impune para Cateline Jackeline Rodríguez; y por el beneficio de la duda en relación a María Elena Yaczuk, Lidia Clara Kyocapumisz y Silvia Carina Simcik.

Carniel remarcó que los acusados demostraron “un desprecio por los fondos públicos de Chaco, donde hay pobreza estructural, desnutrición infantil y falta de estructura, con actos de despilfarro y ostentación en una sociedad que tiene todas las carencias”.

Este lunes, en la primera jornada del alegato del MPF, Carniel analizó la conducta de los imputados y llegó a describir detalladamente la actuación de Roberto Lugo como cabeza de esta asociación ilícita y lo calificó como un típico caso de crimen organizado con una estructura piramidal y señalándolo a él junto con Horacio Rey como las cabezas y beneficiarios finales de la malversación de fondos. Según el fiscal, “ellos generaron el nido para que recibieran el dinero, y era una estructura donde había una división de roles y cada quien cumplía una función”.

En la estructura de esta asociación, los imputados conformaron empresas beneficiadas con las licitaciones públicas o habrían obrado como prestanombres para la adquisición de bienes. En las cabezas de estas firmas figuraban Retamozo, Vázquez, Varela, Amarilla, Mónica Yaczuk (esposa de Lugo), María Elena Yaczuk, Simcik y Kyocapumisz, y siempre con Lugo como cerebro de la organización.

A su turno, la fiscala Indiana Garzón, describió cómo Rey y Lugo junto a Ismael Ángel Fernández, desde los lugares de influencia en la Administración Pública, estructuraron una compleja trama de apropiación de recursos del Estado a través de contrataciones. Garzón refirió que para ello se valían de una red de amigos y familiares, integrada por Ramón Alejandro Chávez y Cristina Mariel Dellamea, quienes a través de la creación de diferentes personas jurídicas (Fundación Norte, Cooperativa de Trabajo “Norte Construcciones” LDTA., Distribuidora Norte, Servicios y Construcciones Paraná S.A. y Distrimar), canalizaron el dinero espurio, que -indicó la representante del MPF- fue aplicado a compras de bienes inmuebles, automotores, embarcaciones, capitalización de empresas y constitución de plazos fijos, generando incrementos patrimoniales, tanto en los funcionarios públicos investigados como en las personas jurídicas y los particulares vinculados a ellos.

En tanto, el fiscal Gonella detalló cómo Rey y varios de los imputados diseñaron y ejecutaron una maniobra ilícita en relación al manejo de fondos públicos administrados por el Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO), a través de su autoridad de aplicación, la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, que estaba a cargo de Rey, y de Fiduciaria del Norte S.A. Para ello, explicó, crearon un sistema informático ideado y administrado por Katavich, persona de su confianza, para tener un manejo discrecional de los fondos y así efectuar contrataciones incompatibles con distintas sociedades controladas por ellos, pero que se encontraban a nombre de personas de su entorno familiar, de amistad o comercial cercano, como lo eran Osuna, Vilte, Borobach y Vallejo.

Gonella precisó que, de esta manera, obtuvieron fondos que luego inyectaron en el circuito económico y legal de diversas formas, con la participación de una serie de fundaciones y sociedades inscriptas como proveedoras del Estado provincial, a través de las cuales se lograron las contrataciones espurias y la canalización de grandes sumas de dinero provenientes del FAPPO, junto con otras sociedades domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de estas empresas, indicó el fiscal, se logró ensombrecer y estratificar el origen ilícito de los fondos provenientes del FAPPO, mediante transferencias de dinero, gastos con tarjetas, operatorias con cheques y extracciones en efectivo. Luego, con este dinero se pagaron servicios y viajes, y se adquirieron distintos bienes inmuebles y muebles registrables.

Ayer, en la parte final del alegato, Carniel sostuvo que quedó demostrado que se cumplieron todos los requisitos para señalar la existencia de una asociación ilícita fiscal al contar con la intervención de dos o más personas, con distribución de tareas y permanencia en el tiempo. También remarcó lo señalado por la fiscala Indiana Garzón en el juicio, quien indicó la existencia de controles internos por la relación y vinculación entre ellos, con estructuras comerciales o de negocio, blanqueo de dinero y ánimo de lucro.

Para la fiscalía, Rey y Lugo se valieron de su jerarquía e influencia como funcionarios públicos del gobierno provincial y pergeñaron una estructura funcional que permitió dotar de apariencia lícita al dinero proveniente de hechos de corrupción entre los años 2011 y 2018.

Antes de pasar al pedido de penas, el fiscal remarcó que en la causa se notó “un desprecio por los fondos públicos de Chaco, donde hay pobreza estructural, desnutrición infantil y falta de estructura, con actos de despilfarro y ostentación en una sociedad que tiene todas las carencias”, por lo que solicitó que ese aspecto sea tenido en cuenta por el tribunal al momento de emitir su veredicto.

Así, Carniel solicitó para Rey, Lugo y Katavich una pena de trece años de prisión por liderar una asociación ilícita fiscal en calidad de funcionarios públicos. Dado que ambos ya cuentan con una condena previa, solicitó que fueran unificadas en quince años. Ismáel Fernández también fue señalado como integrante de la organización con el agravante de su condición de funcionario público, por lo que el pedido de penas fue de trece años. En el caso de Patricia Vázquez, Ramón Chávez y Claudia Varela, el pedido de penas fue de diez años de prisión; de ocho años de prisión para Mónica Yaczuk y Cristina Dellamea; y de seis años de prisión para Ricardo Retamozo, que la fiscalía requirió convertir en ocho por una pena unificada.

Carlos Rubén Osuna, Carlos Amarilla y Miguel Angel Vilte fueron acusados como cómplices necesarios, por lo que el pedido de penas fue de siete años de prisión. Por último, para María Laura Aguirre e Iván Bilcich el pedido fue de tres años, en calidad de cómplices secundarios.

El Ministerio Público Fiscal solicitó también que se inhabilite a los imputados que ostentan títulos de contadores o comerciantes, y que se fije una multa tres veces mayor al valor que se determine por el total del monto perteneciente al lavado de activos, junto con el decomiso de los bienes secuestrados en la causa, para darles un destino social para reparar así el daño ocasionado a la sociedad de Chaco. El juicio continuará el 4 de julio próximo, con el alegato de la defensa.