14 de junio de 2024
14 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por el MPF intervienen Federico Carniel, Indiana Garzón y Carlos Gonella
Resistencia: continúa el juicio contra 26 personas por lavar más de 20 millones de pesos provenientes de hechos de corrupción
En el debate por la megacausa denominada “Lavado I”, que comenzó el pasado 21 de febrero, ya declararon diez testigos. La quinta audiencia se realizará el próximo 10 de marzo. Entre los acusados hay ex funcionarios del gobierno provincial.

Durante las primeras cuatro audiencias en el juicio denominado “Lavado I”, el Tribunal Oral Federal de Resistencia recibió la declaración de diez testigos, quienes brindaron detalles sobre las maniobras desplegadas por los 26 acusados, en relación al lavado de más de 20 millones de pesos provenientes de actos de corrupción, entre los años 2011 y 2018.

En el debate oral, que comenzó el pasado 21 de febrero, intervienen los fiscales generales Federico Carniel, Indiana Garzón y Carlos Gonella. Por su parte, el TOF está integrado por los jueces Eduardo Belforte, Enrique Bosch, Rubén Quiñones y José María Escobar Cello. El juicio continuará el próximo 10 de marzo.

Oportunamente, el Ministerio Público Fiscal le había imputado a Héctor Horacio Rey, Roberto Marcelo Lugo, Mónica Viviana y María Elena Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Gustavo Alejandro Katavich, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, Lidia Clara Kyocapumisz, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Cataline Jackeline Rodríguez, Silvia Carina Simcik, Mónica Mabel Borovach, Soledad Ivanna Sánchez Pardo, Cristián y Santiago Samaniego, Mariano Damián González, Romina Gisele Fernández, Silvana Lorena Vallejo, Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla, el haber integrado una asociación ilícita, entre los años 2011 y 2018, “que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas, que fueron aplicadas posteriormente a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas”, entre otras maniobras de lavado de activos, mediante las cuales incrementaron sus patrimonios personales y los de las empresas que conformaban, que no resultaban compatibles con su capacidad económica e ingresos declarados.

De acuerdo a la acusación, el ex secretario general de la Gobernación Horacio Rey y el ex secretario de Comercio de Resistencia Roberto Lugo se valieron de su jerarquía e influencia como funcionarios públicos del gobierno provincial y pergeñaron una estructura funcional que permitió dotar de apariencia lícita a más de 20 millones de pesos, provenientes de actos de corrupción. La pieza acusatoria refiere que Rey y Lugo, junto a Gustavo Alejandro Katavich -ex coordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial- e Ismael Ángel Fernández -ex coordinador del “Programa Cooperativa Chaco Construye” y cuñado de Rey- desde los distintos cargos que ejercían en el gobierno de la Provincia de Chaco habrían direccionado la adjudicación de licitaciones para que estas recayeran en empresas de familiares y amigos, para lo cual, en algunos casos -por los que ya fueron condenados en la justicia provincial-, habrían recibido sobornos. En virtud de ello, la fiscalía requirió que fueran enjuiciados como autores del delito de lavado de activos agravado por su habitualidad, por ser miembros de una asociación ilícita y por su calidad de funcionarios públicos.

Por su parte, Varela, Retamozo, Mónica Yaczuk, Chávez, Dellamea y Vázquez deberán responder como autores; Vallejos, Amarilla, Vilte y Osuna, como partícipes necesarios; y María Elena Yaczuk, Kyocampumisz, Simcik, Bilcich, Rodríguez, Mónica Borovach, Aguirre, Cristián y Santiago Samaniego, Fernández, Sánchez Pardo y González, como partícipes secundarios -en todos los casos- del delito de lavado de activos. De acuerdo a la fiscalía, estas personas integraban las empresas beneficiadas con las licitaciones públicas o habrían obrado como prestanombres para la adquisición de bienes.