El Tribunal Oral Federal N°1 comenzó esta mañana el juicio oral y público seguido a Delfín Reinaldo Castedo; su hermano, Raúl Amadeo; su ex pareja, Melba del Carmen Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi; y el martillero público Eduardo Torino, quienes están acusados de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen delictivo.

El tribunal está conformado por el juez Federico Santiago Díaz (presidente) y los vocales Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaraz, mientras que la jueza María Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral Federal de Jujuy, lo hace en calidad de cuarta jueza.

El fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, en representación del Área de la PROCUNAR NOA, llevan adelante la acusación penal. La Unidad de Información Financiera, en tanto, participa en calidad de querellante, representada por las abogadas Emilia Figueroa y Sofía Karle.

Tal como estaba programado, el debate comenzó a primera hora con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella, lo cual demandó gran parte de la primera jornada. En la sala de audiencia solo estuvo presente Araujo, mientras el resto de los acusados participaron por vía remota. Los hermanos Castedo, desde el penal de Ezeiza, y el resto desde sus respectivos domicilios, todos acompañados por sus defensores.

Concluida la lectura de los requerimientos de juicio, Torino y Araujo pidieron prestar declaración. El primero, tras aclarar que no respondería preguntas, hizo un extensivo relato sobre su historial de trabajo, para luego referirse a cómo conoció a Delfín Castedo y en qué consistieron ciertos negocios realizados con el acusado.

En su relato, Torino en todo momento se mostró como un hombre trabajador, ajeno a los hechos ilícitos imputados en su contra, aunque reconoció que se vio implicado en la venta de la finca El Aybal, en el límite con Bolivia, operación inmobiliaria que llevó adelante a pedido de Castedo.

Aunque trató siempre de mostrase lejos del principal acusado, finalmente terminó por reconocer que debió, con ayuda de un escribano, realizar una operatoria para simular la venta, en la cual quedó como propietario real de la propiedad.

Negó el tenor de ciertas escuchas telefónicas y cualquier relación con hechos vinculados al narcotráfico y otras actividades adjudicadas al clan Castedo, entre ellas amenazas, operaciones de transporte de estupefacientes y el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006.

Admitió que sabía que su teléfono estaba intervenido por el Poder Judicial, pero aseveró que no estaba preocupado por ello pues declaró que nunca hizo nada fuera de la ley. Insistió en mostrarse como víctima de un “mal negocio” respecto a la operación inmobiliaria realizada en torno a la finca.

La fiscalía señaló que las operaciones se sucedieron en Salta y Buenos Aires desde 1999 y tuvieron por finalidad el tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese delito.

La acusación

De la requisitoria de elevación a juicio del caso, del cual participaron los fiscales José Luis Bruno y Eduardo José Villalba, bajo la dirección de Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), surge el rol de cada uno de los acusados dentro de una organización criminal que tenía como objetivo el tráfico de cocaína de Salta a Europa.

En ese marco, la fiscalía señaló a Delfín Castedo como “jefe” de una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo.

El MPF indicó que estas operaciones se sucedieron en las provincias de Salta y Buenos Aires desde el 26 de noviembre de 1999 y tuvieron por finalidad la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.

Además, se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.

En esta línea, se determinó que Alberto Yudi, su hijo Mario Alberto y Luis Yudi, hermano del primero, integraron la asociación ilícita en calidad de miembros, siendo los principales directores Delfín Castedo, su hermano Raúl como mano derecha y el ex diputado provincial Ernesto Aparicio, fallecido el 10 de noviembre de 2013.

Los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, llegan a juicio acusados de participar de las diversas actividades dirigidas por los Castedo, quienes de acuerdo a la acusación se ocupaban principalmente de las actividades de narcotráfico. Para ello se encontraban en total armonía con los Yudi, en quienes se apoyaban económica y financieramente, con dinero proveniente de actividades ilícitas, indicó el MPF.

Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía sostuvo que ambos acusados fueron miembros funcionales de la organización y que tuvieron un rol particular en el lavado de activos de origen ilícito, razón por la cual se les imputó ese delito en concurso real.

Del requerimiento de juicio surge que Torino, bajo las directivas del líder de la organización, realizó diversas gestiones y actos de administración en la finca El Aybal, tendientes a alambrar el campo y dotarlo de agua desde una finca vecina, propiedad de Aparicio.

La acusación fiscal sostuvo que Torino también ejecutaba órdenes de Delfín Castedo para impulsar y lograr el desalojo de los ocupantes de ese predio, procurándolo por vías legales e incluso de manera espuria, pues de las escuchas surgen cierto “aprietes” y menciones de un alto funcionario de la justicia provincial sobre el cual tenían influencia.

En la investigación se estableció que el martillero realizaba actos de apariencia legal, como la realización de demandas judiciales o denuncias, así como gestiones para contratar personal para hacer trabajos en el campo y otras vinculadas a las actividades agrícola-ganaderas. Las de carácter ilegal versaban sobre pagos o sobornos a un funcionario policial. Y en todos los casos, se indicó, el imputado lo hacía con conocimiento de las actividades ligadas al narcotráfico del resto de los acusados.