El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, con la asistencia del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentó un recurso de casación contra la decisión del tribunal de alzada de conceder el 23 de diciembre pasado, por supuestas razones de salud, arresto en su propio domicilio a Rubén "La Chancha" Alé en una causa por lavado de activos procedente de los delitos de trata de personas y narcotráfico, en la que sólo permaneció detenido en el penal de Ezeiza durante un mes y medio.

El objeto del recurso es que la Cámara Federal de Casación Penal decida que la detención de Alé se lleve a cabo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal con asistencia hospitalaria, como Colonia Pinto, en Santiago del Estero, un penal federal moderno donde el imputado puede hacer sin inconvenientes la actividad física que los médicos le aconsejan o, en subsidio, en el Hospital Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En esa línea, Gómez señaló en el recurso que el imputado "presenta un cuadro de salud que puede ser tratado y atendido en el centro penitenciario en el que se encontraba alojado o, en su caso, en un hospital controlado por el servicio penitenciario".

El representante del Ministerio Público alertó además que "esta decisión, de no ser revocada, habilitaría la posibilidad de volver a su accionar delictivo, a la amenaza de testigos y funcionarios y al entorpecimiento del accionar judicial", dado "el poder de esta organización y su capacidad corruptora, con vínculos con personal de la policía de la provincia de Tucumán, Gendarmería Nacional y hasta un integrante del poder judicial federal".

Gómez ponderó que la Cámara Federal tucumana no logró demostrar que la detención impida recuperar o tratar adecuadamente las afecciones de Alé ni que su cuadro de salud "obedece a padecimientos que se vieran agravados como consecuencia de su encierro en el complejo penitenciario, ni a limitaciones en la atención médica brindadas por el servicio del establecimiento". El fiscal general enfatizó que "dado el breve lapso de detención, no ha podido materialmente comprobarse que se hubiere agravado su condición, ni se refirieron en forma específica síntomas que lo estuvieren afectando y que el servicio penitenciario no haya atendido".

En efecto, Gómez puso de relieve que la decisión de la Cámara contrarió "la profusa jurisprudencia" de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, dado que "en este caso no prevalecían las razones humanitarias puestas frente a los riesgos procesales que entraña la pérdida de control continuo estatal del procesado, tanto en lo relacionado al entorpecimiento de la investigación así como el peligro demostrado para la seguridad de terceros".

El fiscal detalló el "accionar ilícito" de Alé y "su evidenciada falta de apego a la jurisdicción, incluso durante su anterior permanencia en el Sanatorio Modelo de Tucumán", tras lo cual advirtió que, de confirmarse la decisión del tribunal de alzada tucumano, el imputado "evidentemente continuará liderando su banda criminal -organización que atormentó durante décadas a la sociedad tucumana-, desde su domicilio particular".

El avance de la causa en la que se investiga por lavado al clan Alé es el resultado de un trabajo en conjunto de los fiscales de la jurisdicción de Tucumán con la asistencia técnica de la Procelac. En efecto, el fiscal de instrucción Carlos Brito y titular de la Procuraduría, Carlos Gonella, participaron de los operativos en busca de evidencias realizados el 3 de octubre pasado en más de cuarenta fincas de la capital provincial.