Con importante concurrencia de funcionarios de organismos públicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, finalizaron ayer las jornadas de debate sobre "Registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado de activos y la evasión fiscal”, organizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de la Procuración General de la Nación, en conjunto con el Banco Central de la República Argentina. La actividad se enmarca en un contexto internacional que tiende a la elevación de los estándares en materia de transparencia y registración de beneficiarios finales de sociedades y contratos (fideicomisos).

El cierre estuvo a cargo del presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, del diputado nacional Roberto Feletti y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

Feletti es presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro de la Comisión Bicameral investigadora del HSBC. El legislador se refirió a este caso y resaltó los elementos que confluyen para evidenciar la actividad de banca privada de esa entidad. Señaló al respecto que existen indicios suficientes para sostener que el HSBC tenía montada una plataforma que permitía fugar capitales a través de un sistema informático que permitía eludir la validación del registro y la trazabilidad de las operaciones de sector externo, atomizando el monto de transacciones por cliente. Remarcó, además, la falta de rigor del HSBC en el seguimiento de la actividad de los clientes y que las interfaces de captura de los distintos sistemas del banco no permiten consolidar información sobre un cliente.

El presidente del Banco Central, por su parte, enfatizó sobre la importancia de delinear estrategias nacionales y regionales para contar con registros de beneficiaros finales, es decir, quienes controlan las empresas, en la lucha contra la criminalidad económica. Destacó también la necesidad de la actuación articulada entre los distintos organismos públicos vinculados con la materia.

Gonella y Vanoli coincidieron en señalar la relevancia de los temas abordados y la riqueza de los debates generados en los distintos paneles. Así, destacaron la necesidad de editar un documento conjunto con las conclusiones de las Jornadas. Ello se enmarca en los objetivos de la actividad, que incluían la elaboración de recomendaciones de políticas públicas y proyectos de ley que sirvieran para potenciar la capacidad de los Estados en su rol de esencial regulador de la economía y los mercados.

La intervención de la fiscal Boquin

En su intervención durante las jornadas, la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, se refirió a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y a la modificación de la Ley Nº19550 de Sociedades Comerciales, en un panel enfocado en la ampliación de las personas jurídicas y contratos obligados a registrarse y el efecto constitutivo de la registración.

La fiscal intervino en el panel 6, moderado por el funcionario de la Procelac Juan Argibay. La exposición se dio en el marco del tema “¿Qué registrar?: Ampliación de personas jurídicas y contratos (fideicomisos) obligados a registrarse. Efecto constitutivo de la registración para la existencia de la persona jurídica”. En ese contexto, junto a Boquin, expusieron el subdirector General de Fiscalización de la AFIP y representante de la AFIP ante la OCDE y el Foro sobre Transparencia e Intercambio, Horacio Curien; el asesor del Director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Leonardo Díaz; el auditor-fiscal de Receita Federal do Brasil, Marcelo Oliveira; y el consultor de la organización europea Tax Justice Network (TJN), Andrés Knobel.

La disertación de Boquin se centró en el análisis del Código Civil y Comercial de la Nación y en la modificación a la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.5550, que entrarán en vigencia el 1° de agosto próximo, y en su impacto en las Recomendaciones del GAFI en materia de transparencia y en los estándares internacionales vinculados con la registración de beneficiarios finales.

La fiscal indicó que la reforma no regula adecuadamente al Registro Público y sus funciones dejando una laguna que deberá ser salvada por una ley especial. En tanto explicó que la derogación del Código de Comercio de la Nación implicará ausencia de normas de carácter nacional sobre la regulación del Registro Público de Comercio, lo que -consideró- facilitará al "fórum shopping". Agregó, además, que el nuevo Código unificado no cuenta con normativa al respecto, lo que genera incertidumbre sobre qué sucederá en el futuro.

Boquin criticó, asimismo, la Sección IV de la nueva Ley General de Sociedades, que concede a las sociedades atípicas el beneficio de la responsabilidad mancomunada y la posibilidad de actuar sin inscribirse por ante la autoridad de aplicación, como deben hacerlo el resto de las sociedades salvo respecto de la adquisición de bienes registrables en los Registros respectivos y el régimen de las simples asociaciones del Código unificado, remarcando respecto de ambas su deficiencia en relación a los estándares internacionales de transparencia. Sin perjuicio de esas críticas, la fiscal general resaltó que el Código Civil y Comercial de la Nación incorporan el derecho constitucional al derecho privado y destacó la especial tutela que brinda a los consumidores y el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios.

Los objetivos de las jornadas

La organización de la actividad se da en un contexto en el que la Argentina ha asumido compromisos ante el G-20 y ante el Foro Global de Intercambio de Información. El primero de ellos emitió un documento en noviembre de 2014 acerca de los Principios sobre la transparencia de los beneficiaros finales llamando a los Estados a exigir la identificación de los mismos para las personas jurídicas y arreglos legales (fideicomisos). El segundo, emitió un documento en octubre de 2014 indicando que empezará a evaluar y monitorear a los diferentes países respecto de la identificación de los beneficiarios finales.

En las jornadas participaron funcionarios de la Unidad de Información Financiera, de la Comisión Nacional de Valores, de la Inspección General de Justicia, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, del Registro Nacional de Tierras Rurales, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Cancillería Argentina y del Ministerio Público Fiscal, quienes compartieron experiencias y dificultades en la identificación de beneficiarios finales desde las distintas perspectivas.

También, participaron académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras vinculadas a la materia y funcionarios de organismos públicos de Perú, Panamá, Uruguay y Brasil. Además, intervinieron a través de teleconferencia miembros de organizaciones no gubernamentales de Europa que se refirieron a la directiva de la Unión Europea que establece un plazo de dos años para que los países miembros creen registros de beneficiarios finales.

La organización de la actividad contó con la colaboración de la Fundación SES, Tax Justice Network y otros organismos no gubernamentales vinculados a la materia como CIPCE, FTC y OXFAM.