En el marco de la primera audiencia para dar trámite al habeas corpus presentado para que se frene la violencia hacia los detenidos y detenidas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el fiscal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois, denunció que esas cárceles "funcionan como un lugar de castigo y el sistema jurídico también opera como una ficción" e individualizó los problemas institucionales que llevan a esa situación.

El fiscal intervino junto a otros funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, del Servicio Penitenciario Federal y de la Procuración Penitenciaria de la Nación de la primera audiencia llevada a cabo ante el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Ferreiro Pella, en el marco de un habeas corpus en el que los dos fiscales y los dos defensores oficiales de esa ciudad propusieron una serie de medidas tendientes a “reducir el nivel de violencia institucional y de violencia entre internos", entre ellas, la conformación de una mesa de diálogo de la que participen todas las partes involucradas, en la que se discutan las acciones para lograr ese objetivo.

El recurso comprende a la población de los Complejos Penitenciarios Federales I y IV de Ezeiza; de la Colonia Penal de Ezeiza (Unidad N° 19), y del Centro Federal de Detención de Mujeres de “Ntra. Sra. Del Rosario de San Nicolás”, Unidad N° 31, todos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

"Falencias estructurales, materiales y humanas "

Durante la audiencia García Lois remarcó que "por las falencias estructurales, materiales y humanas de estas investigaciones no es posible el más mínimo control jurisdiccional de estos altos niveles de violencia y lo único que se garantiza es la impunidad de estos hechos con una parodia puesta en escena de que se está haciendo algo al respecto".

Aquél habeas corpus fue presentado el 15 de julio del año pasado, pero la primera audiencia se llevó recién el lunes pasado, tras producir algunas medidas de prueba. En el medio, ocurrieron distintos hechos de violencia institucional dentro de la cárcel y la fuga de trece detenidos.

García Lois abrió la audiencia señalando que los hechos "no se perciben como aislados sino como violencia sistemática y estructural" y aclaró, "para ser justos", que no era su intención "reprochárselos a las autoridades penitenciarias actuales sino que deviene de un proceso histórico pero no por ello menos grave, al cual intentamos ponerle coto o reducir mediante esta presentación".

Así y todo, precisó, los casos que llegan al Poder Judicial son una pequeña parte de los que realmente ocurren porque "la mayoría de los hechos no se denuncian".

El fiscal denunció que se registran "muchas situaciones de violencia por parte de los guardias del SPF contra los detenidos", pero precisó que también la violencia entre los internos es "a veces tolerada y tercerizada".

En ese sentido explicó que "hay de internos que denuncian haber sido incentivados a agredir a otros a cambio de beneficios", al tiempo que "han acompañado las facas que les han provisto o las han secuestrado al hacer los allanamientos en los lugares indicados por los denunciantes".

El diagnóstico, en diez puntos

En su intervención, el fiscal diagnosticó las razones que llevaron al cuadro de violencia actual en ese complejo penitenciario y los problemas que afronta el sistema judicial en esa jurisdicción para dar respuesta a los conflictos planteados. El fiscal lo resumió en diez puntos:

1) "Prácticamente no hay cámaras de grabación en el interior de los pabellones; las que hay no graban y las que sí no registran día y hora".

2) "Existen sólo dos Juzgados Federales, dos Fiscalías y dos Defensorías para atender un número de aproximadamente 3500 detenidos, además de los delitos que se producen en una jurisdicción que reviste la mayor complejidad federal del país. Que abarca diez partidos con alrededor de 3.500.000 habitantes". En su exposición, García Lois contrapuso esa situación a la de Neuquén, donde existe la misma dotación para el diez por ciento de la población y una cárcel con 200 detenidos.

3) "Para dar la magnitud de la gravedad debe advertirse la cantidad de habeas corpus diarios que se presentan por día" en relación con hechos que suceden en las cárceles de Ezeiza, dijo el fiscal. El promedio oscila entre 8 y 10.

4) "La mayoría de todos los internos de Ezeiza están detenidos a disposición de magistrados de otras jurisdicciones, lo que dificulta los pedidos de autorización de traslado".

5) "La ausencia de móviles del SPF para traslados", indicó el fiscal y señaló que sólo existirían tres o cuatro para asistir toda la demanda.

6) "Esto conduce a que los traslados sean excesivamente prolongados, desde muy temprano hasta muy tarde; lo que les hace perder la actividad diaria, la jornada laboral y las pocas vistas que poseen. Esto obviamente desalienta el interés de denunciar y continuar con las mismas por parte de los internos".

7) "Durante la década del '80, principio del '90, los médicos forenses concurrían a las unidades cuando lo requerían los tribunales para verificar estados de salud y lesiones. Hace ya más de 10 años que ello no ocurre, con lo cual los detenidos que luego de haber perdido todo un día para efectuar una denuncia deben perder todo un día más para ser vistos por un médico forense. Y siempre y cuando se llegue antes de las 19:00 horas sino se complica esa revisión; esto también desalienta a los internos que terminan desistiendo de las denuncias".

8) Aquella situación "deriva en la mayoría de los casos en la imposibilidad de objetivar muchas de las lesiones denunciadas".

9) Los profesionales, como por ejemplo los médicos, que se desempeñan dentro del SPF "como una cuestión insólita e irracional dependen de las mismas autoridades del SPF; o sea que dependen de quienes deberían denunciar".

10) "Los continuos realojamientos de los internos" que realizan las denuncias a otras cárceles de "zonas muy lejanas", lo cual "dificulta también e impide obtener la ampliación del testimonio necesario de estos". Esta situación, dijo el fiscal, sirve "para obstruir investigaciones por violencia".

Respaldo y pausa

La exposición de García Lois fue respaldada por los defensores oficiales de Lomas de Zamora Nicolás Toselli y Guillermo Todarello, quienes adhirieron a su postura.

La representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Carolina Villanueva, también adhirió a las peticiones realizadas por los presentantes del habeas corpus y destacó que ese organismo viene "llamando la atención" año tras año sobre "los graves índices de violencia" y las dificultades de las víctimas para denunciar y acceder a la justicia. En ese sentido, la abogada acompañó "un informe sobre muertes en prisión en los distintos complejos, actualizado a 2013, que muestra un incremento en el CPFI (Ezeiza) durante este año".

A su turno, señala el acta, los representantes del SPF y de las distintas unidades penitenciarias dijeron que recién tomaban conocimiento de los términos del habeas corpus y solicitaron "un plazo de tiempo prudencial para obtener autorizaciones y efectuar consultas con distintas autoridades y sectores para posibilitar las respuestas peticionadas".

El juez Ferreiro Pella cerró entonces la audiencia y emplazó a las partes para reunise en dos semanas, aunque no fijó una fecha concreta.