El Tribunal Oral Federal N°2 llevó adelante dos nuevas audiencias esta semana, a través de la plataforma virtual Zoom, del juicio oral por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola. A su vez, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) intervienen como querellantes. En el proceso se juzga la presunta responsabilidad de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, junto a otros doce imputados, entre empresarios y ex funcionarios públicos y provinciales.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso continuaron ayer y hoy las audiencias del debate, que se encuentran en la etapa de producción de prueba. Cuando culmine esta parte del proceso se habrán recabado unos 180 testimonios.

Este lunes prestaron declaración el ingeniero de Vialidad Nacional Omar Riveros y el empleado de ese organismo, Julio Romero. Los testigos respondieron preguntas de las partes y se refirieron a sus conocimientos relativos a distintos aspectos técnicos sobre el funcionamiento del organismo estatal y el mecanismo de las auditorias, además de relatar cuáles fueron sus trayectorias en la dependencia estatal y en las áreas de trabajo en las cuales se desarrollaron.

Riveros resaltó que su intervención en una de las auditorias del año 2013, que es objeto de debate, estuvo vinculada a la búsqueda y recolección de información. Pero aclaró que no participó en la elaboración de las observaciones, por lo que el informe no lleva su firma.

En la audiencia de este martes prestaron declaración otros dos empleados de la Dirección Nacional de Vialidad al momento de los hechos: la contadora Celina Vetrano y el contador Eduardo Daniel Semino.

Vetrano relató que ingresó a trabajar en el organismo en 2003, al principio como asesora y a partir del 2011 como integrante del área de Comisión de Verificación de Deuda Corriente desde donde se instrumentaba “el cálculo de intereses para poder realizar el pago a las empresas de forma anticipada”.

En este sentido, la testigo explicó que su tarea estaba vinculada a los aspectos formales de los pagos y recordó que la empresa Austral junto a otras del grupo percibieron pagos anticipados. “Revisaba que tuvieran bien los montos, que estuvieran bien las fechas, las consistencias del expediente, que estuviera todo razonable. Hacía un análisis de coherencia”, señaló. Y añadió: "La mayoría eran obras en Santa Cruz las que pidieron pago anticipado".

Por su parte, Semino explicó que además de ser contador es perito judicial y profundizó sobre el mecanismo del área de Comisión de Verificación de Deuda Corriente para aprobar liquidación de los pagos anticipados, con la aplicación de un descuento a los pagos para las empresas debido a la mecánica de esas retribuciones.

El testigo señaló que la dependencia se encargaba de "la liquidación de los intereses según tasas del Banco Nación por los pagos anticipados que se hacía al proveedor”. Asimismo, señaló que le llamó la atención de un caso de una obra destinada a la construcción de postes S.O.S para las rutas, ya que estipulaba un monto de un millón de pesos por cada uno de los artefactos.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, que se llevará a cabo el 1° de marzo desde las 9.30.

Acusaciones

En el debate también están acusados el empresario de la construcción Lázaro Báez; el ex ministro nacional de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; los ex titulares de la Dirección Nacional de Vialidad y la secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner, respectivamente; el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala.

Entre los apuntados por haber formado parte de las maniobras también se encuentran Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están señalados por defraudación al Estado y en el caso de Fernández, Báez, De Vido, López, Periotti y Kirchner, por el delito de asociación ilícita.