20 de abril de 2021
20 de abril de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El debate oral por irregularidades en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz
Causa Vialidad: una contadora señaló que en una misma licitación se presentaban diferentes empresas del grupo Austral
La testigo Claudia Bellofato se desempeñó en la Dirección Nacional de Vialidad. Describió sus tareas en el organismo y ratificó su testimonio en primera instancia, que le fue leído en la audiencia. Refirió que los únicos pagos anticipados que recuerda se hacían a las empresas de Báez. La fiscalía desistió del resto de los testigos previstos para mañana.

Con la declaración de la contandora Claudia Bellofato, quien fue jefa de las secciones "Contable", "Liquidaciones" y "Ejecución" de la Dirección Nacional de Vialidad, continuó esta semana el juicio que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal N°2 por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. El testimonio de la profesional fue propuesto por el Ministerio Público Fiscal, que está representado por el titular de la Fiscalía General N°1, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola. Bellofato fue la única testigo en declarar esta semana, dado que los fiscales desistieron durante esta tarde de la convocaria a otros empleados de las mismas áreas de la DNV, cuyos testimonios se esperaban para mañana.

La contadora comenzó la declaración alrededor de las 9.30 y se extendió hasta pasado el mediodía. Estuvo presente ante el tribunal que integran Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, en tanto que las partes participaron de la audiencia de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. En el proceso se juzga la presunta responsabilidad de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, junto a otros doce imputados, entre empresarios y ex funcionarios públicos y provinciales, en los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Bellofatto fue interrogada sobre su intervención en expedientes licitatorios y pagos anticipados en torno a las obras. En ese sentido, recordó que las únicas empresas que cobraban de manera anticipada eran las del grupo de Austral Construcciones. "Que yo conozca, sólo estas", dijo cuando le repreguntaron por las empresas a las que se abonaba con ese régimen de pagos, previa firma de un convenio entre la firma beneficiaria y el gerente de Administración de Vialidad, Sergio Passacantando, y de la orden de pago que daba el gerente de Contralor del organismo, Osvaldo Modarelli.

La testigo fue convocada en razón de su declaración durante la etapa de instrucción de la causa, en la que, entre otras cosas, los fiscales por entonces intervinientes habían señalado que “en el marco de las tareas de análisis desarrolladas en el sector denominado ―UCOPROLI —Unidad de Coordinación de Procesos Licitatorios de la DNV— advirtió en los procesos licitatorios en los que se presentaron distintas empresas del GRUPO BÁEZ, la existencia de llamativas semejanzas entre los distintos oferentes que demostraban claramente la presencia de un mismo grupo económico”. En ese sentido, en la audiencia la contadora indicó el parecido de los firmantes, tratándose de los mismos bancos, empresas, apoderados y cartas bancarias. Los fiscales le preguntaron cómo recordaba que las empresas del grupo Austral intervenían en una misma licitación y la testigo explicó que las recordaba porque eran las únicas que recibían el pago anticipado. Entre ellas enumeró a Kank y Costilla, Gotti y Biancalani.

No obstante, como no recordaba completamente su testimonio, brindado en 2016, el MPF postuló la lectura de diversos tramos de ese acto, medida que el tribunal acogió favorablemente tras la oposición de algunas defensas. Tras ello, Bellofatto corroboró esa declaración. Narró también que en esa dependencia estudiaba balances, cartas de crédito y la documentación financiera requeridas para cada pliego de licitaciones “de Vialidad Nacional”, y dijo desconocer cómo se analizaban las licitaciones en los casos de convenios con provincias.

En su requerimiento de elevación a juicio el MPF había sostenido que “el Estado no sólo no rechazó las ofertas del mismo oferente, como estaba obligado por ley a hacer, sino que tampoco les impuso la pérdida de la garantía ni les promovió sanción alguna en el Registro de Constructores de Obras Públicas” a las firmas del grupo Báez.

Otros tramos convalidados por la testigo el lunes fueron los referidos a su partida de la UCOPROLI -que calificó como una “mini oficina de asuntos jurídicos, de obras y estudio de licitaciones”, creada en 2004- a la Jefatura del organismo, en razón de cuestiones salariales y de una “falta de coordinación con un nuevo jefe” en el cálculo de los índices. Pero “se trataba de fijar el criterio contable” en los informes. “Hasta donde yo estuve, el mío", agregó la testigo.