En el marco del expediente en el que se investigan delitos económicos cometidos por CBI Cordubensis, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari planteó la ampliación del requerimiento de instrucción e imputó a 13 personas por distintas maniobras que se habrían realizado desde la financiera. En la investigación, colabora la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El representante del Ministerio Público acusó al presidente del Directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, Eduardo José Espinelli; Eduardo Daniel Rodrigo, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Alejandro Miguel Yacopini, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis María de Los Santos, Javier Fernando Guevara Amado y a Euclides Bartolome Bugliotti.

Una de las principales maniobras descubiertas está vinculada con el libramiento de numerosos cheques que habrían sido adquiridos por CBI Cordubensis SA en su operatoria ilícita, cuyo importe en total ascendería a una suma cercana a los 300 millones de pesos entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente. Espinelli recibió en las cuentas de Toyota un número no determinado de cheques que habrían sido adquiridos por Cordubensis S.A. como intermediario en la simulación de la modalidad de pago de vehículos, realizados supuestamente en efectivo, pero concretados a través de cheques.

Por la actividad comercial de la firma, esas cuentas estaban exentas del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios y fueron declarados como cancelación por 240 millones de pesos, "otorgándole la apariencia de tener un origen lícito".

Además, Espinelli habría omitido de tributar el impuesto al cheque entre 2009 y 2014 por un monto no establecido con exactitud hasta el momento, pero superior a los señalados en la ley de delitos tributarios.

En estos hechos también habrían participado Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, quienes están vinculados con la firma Centro Motor SA, concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Córdoba; Alejandro Miguel Yacopini de la firma Yacopini Inversora SA concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Mendoza; y los integrantes de CBI Rodrigo, Suau, Aldo Ramírez, Ahumada, Tissera, Altamirano y de Los Santos.

Finalmente, en su presentación, Senestrari expuso que autoridades de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) habrían librado cheques de grandes importes a la orden de personas físicas y jurídicas (algunas inexistentes) para cancelar obligaciones, presumiblemente originadas en servicios relacionados con la salud.

En ese marco, Bruno Rodolfo Cricco, en el carácter de contador de CENIT S.R.L., Servicios Médicos de Cuyo S.A. (SEMECU), Servicios de Salud de Cuyo S.R.L., (SESACU S.A.) SRL, prestadoras de salud por cuenta y orden de OSECAC en las provincias de San Juan y Mendoza, se habrían dedicado a la comercialización de los cheques a distintas personas. De esta manera, Euclides Bugliotti y Javier Guevara Amado, apoderado, contador, fiador y fiduciante del primero, habrían adquirido parte de los cheques librados por OSECAC a sus prestadores a cambio de dinero en efectivo.

El representante del Ministerio Público planteó la incompetencia y solicitó la remisión de la causa a la justicia federal de Buenos Aires en todo lo relacionado a la Obra Social.

Esos valores, explicó el fiscal federal, habrían sido utilizados por Bugliotti y Guevara Amado como aporte de capital para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI. “Tal maniobra se habría materializado mediante el depósito de un número no determinado con exactitud hasta el momento de los cheques de pago diferido librados por OSECAC, […] los cuales ascendían, en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente, [a más de 50 millones de pesos], acordándose por éstas operaciones el pago de un interés anual preferencial sobre saldo y estipulándose un plazo de devolución de 45 días. Actividad que se habría prolongado en el tiempo hasta mediados de febrero de 2014, por un importe a determinar”, agregó el representante del MPF.

Senestrari señaló que los hombres involucrados habrían convenido con Eduardo Daniel Rodrigo que estas operaciones fueran registradas en la firma CBI como provenientes principalmente de la firma PRESTAR S.A., cuando en realidad ésta última empresa “carece de capacidad económica para llevar a cabo los aportes de capital que se le atribuyen”.

Otros delitos

El fiscal federal señaló que desde la asociación ilícita que habrían conformado en la financiera durante los períodos fiscales 2013 y 2014, Jorge Enrique Suau y Eduardo Daniel Rodrigo, en su carácter de presidente y vicepresidente del Directorio de CBI, “habrían disimulado la real situación de la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos” en la declaración del Impuesto al Valor Agregado. Para ello, habrían computado crédito fiscal improcedente, contabilizando facturas apócrifas por supuestas operaciones no realizadas por la firma. De esa manera, habrían evadido de tributar al fisco más de 8 millones de pesos.

Finalmente, también se les imputa a Rodrigo, Ramírez, Ahumada, Tissera, Altamirano y De los Santos haber participado en una estafa que habrían realizado contra un hombre que, en diciembre de 2009, se habría presentado en la sucursal de CBI ubicada en el Shopping Dinosaurio Mall de la ciudad de Córdoba.

Luego de entrevistarse con el empleado de la financiera De los Santos, la víctima celebró un contrato de Asistencia Financiera -mutuo- con la empresa CBI por un monto original de 200 mil pesos, acordando el pago de un interés del 23 por ciento anual sobre el saldo durante un plazo de treinta días. Cumplido ese período inicial, se realizaron nuevos contratos y/o depósitos en pesos y se realizaron retiros de dinero. Sin embargo, a principios del mes de febrero de 2014, el damnificado tomó conocimiento de que CBI ya no atendía al público en virtud de un supuesto concurso preventivo. Esto le ocasionó un perjuicio patrimonial por más de 250 mil pesos, debido a que no pudo recuperar su dinero.