El Juzgado Federal N°3 de Córdoba dispuso hoy el procesamiento de 14 personas por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado, en el marco de la investigación de la causa conocida como “CBI Cordubensis”, en la que interviene el fiscal federal Enrique Senestrari con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta. La resolución incluye también embargos por un monto total de doscientos millones de pesos sobre los bienes de algunos de los imputados.

En una resolución de casi 140 páginas, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó también la prisión preventiva de Eduardo Daniel Rodrigo, uno de los principales directivos de la firma. Las maniobras de lavado de dinero se habrían desarrollado por intermedio “de la administración y puesta en circulación en el mercado bancario y financiero de sumas de dinero originadas en hechos delictivos”, tales como intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones al régimen penal cambiario y estafas. Para ello, los acusados se habrían valido de la estructura de CBI-Cordubensis S.A., que poseía dos locales comerciales de acceso público ubicados en la capital provincial, uno en el Shopping Dinosaurio Mall y otro en la calle Rivadavia N° 126, en los que se prestaban servicios relativos a cajas de seguridad para terceros.

Utilización del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros

En concreto, fueron descriptos dos hechos vinculados al lavado. En primer lugar, el enumerado como N°7: en el marco de la licitación pública para la adjudicación de la prestación del servicio prepago de boletos, administración integral de los medios de pago y de posicionamiento en tiempo real de las unidades, por medio de la utilización de tarjeta electrónica sin contacto destinada al Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Córdoba, la Municipalidad firmó contrato con la empresa “SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.” en julio de 2011. En ese contrato se acordó que la recaudación diaria del sistema sea depositada, en un plazo de 24 horas, en la cuenta corriente “Fondo de Transporte” que Siemens debía crear por cuenta y orden del municipio. Posteriormente, Siemens IT llamó a licitación a un grupo de posibles proveedores a los fines de contratar (tercerizar) el servicio de distribución y recaudación del sistema de cobro de viajes por medio de tarjetas electrónicas. “Entre ellos, y a los fines de poder cumplimentar con las condiciones de la licitación y contar con la capacidad operativa para la prestación de tal servicio, los imputados Eduardo Daniel Rodrigo, Jorge Enrique Suau, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano en su condición de socios de CBI-Cordubensis S.A. junto a Carlos Forconi, director de la empresa ‘Rivelux S.A.’, conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE), la cual presentó una propuesta económica a la empresa Siemens IT que consistía en percibir el 2,15% más IVA de la recaudación bruta, con la condición de depositar la recaudación mediante cheques de terceros”, señala el fallo de Vaca Narvaja. Así, en septiembre de 2011, Juan Dabusti y Carlos Abril -directivos de Siemens IT e integrantes de la comisión evaluadora de las ofertas presentadas-, “resolvieron adjudicar el servicio a la UTE Rivelux/Cordubensis”.

“En ese contexto, y a los fines de concretar el depósito mediante cheques de la recaudación, y a la vez, eludir el control por parte de las autoridades municipales sobre los movimientos en la cuenta corriente ‘Fondo de Transporte’, donde solo podía ingresar dinero en efectivo, Eduardo Daniel Rodrigo, Jorge Enrique Suau, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Carlos Forconi, Juan Dabusti, Raúl Alberto Toscano y Carlos Abril habrían acordado valerse de una de las cuentas que se utilizan para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte”, continúa la resolución. Y explica que ello se hacía “para hacer ingresar los valores provenientes de la actividad de intermediación financiera clandestina de CBI y monetizarlos”.

Mediante tal maniobra, sólo en 2012 se habrían omitido tributar al fisco, en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos Bancarios, un monto superior a los $2.000.000.

Apariencia lícita por la venta de autos

Por otra parte, en lo que fue identificado en la causa como “Hecho N° 80”, el presidente del directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., Eduardo José Espinelli, habría recibido en cuentas del Banco Galicia -exentas del pago del impuesto a los débitos y a los créditos bancarios- “cheques ajenos a la actividad comercial de la misma que habrían sido adquiridos por CBI Cordubensis SA en su operatoria ilícita, cuyos importes en total ascenderían -sólo durante el período de tiempo comprendido entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente - a la suma de $ 241.167.629,31”. La hipótesis es que mediante esa operatoria “se habría disimulado el verdadero origen de los cheques mencionados, otorgándoles una apariencia lícita -cancelación de obligaciones producto de la venta de vehículos de la marca Toyota-”; si bien Espinelli quedó con falta de mérito por el delito de lavado, se ordenó investigar si omitió  tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos bancarios entre 2009 y 2014.

Tales maniobras se habrían llevado a cabo mediante la participación de Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda -vinculados con la firma ‘Centro Motor SA’, concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Córdoba-, Alejandro Miguel Yacopini -vinculado a la firma ‘Yacopini Inversora SA’, concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Mendoza-” y Eduardo Daniel Rodrigo, Jorge Enrique Suau, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano y Luis María de Los Santos -vinculados con la firma CBI Cordubensis SA-, quienes “habrían aportado la infraestructura de sus empresas y el personal de las mismas, a los fines de organizar las entregas de las carteras de cheques, el depósito de los cheques en las mencionadas cuentas y consolidar estos pagos en las cuentas de las firmas ‘Centro Motor S.A’ y ‘Yacopini Inversora SA’”.