Al finalizar su alegato, el Ministerio Público Fiscal -representado por la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba a cargo de Carlos Gonella- requirió hoy que se condene a Eduardo Rodrigo a la pena de once años de prisión al considerar acreditado su papel de jefe de una asociación ilícita que, bajo la apariencia legal brindada por la firma CBI Cordubensis, realizó, de manera sistemática y habitual, millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, evasión, estafas y defraudación por retención indebida. Además de la elevada pena, que coincidió con la solicitada en la audiencia previa por la querella del Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía requirió que se le imponga al ex presidente y gerente general de CBI una multa superior a los mil millones de pesos, monto que representa el triple de las sumas objeto de intermediación, de acuerdo a los parámetros estimados por el MPF, y la inhabilitación para ejercer como contador por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por 10 años.

La firma CBI Cordubensis -que contaba con dos locales de acceso público ubicados en importantes zonas comerciales de la capital provincial- funcionó desde fecha incierta hasta el 14 de febrero de 2014. Además de Rodrigo, en este primer tramo de la mega-causa son juzgadas otras quince personas que habrían intervenido en uno o varios de los 78 hechos imputados. En la etapa de instrucción, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari.

En su exposición, Gonella enumeró y detalló la prueba documental y testimonial que recae sobre cada uno de los acusados, el rol desempeñado al interior de la estructura de la estructura de CBI Cordubensis y el grado de participación en el accionar delictivo. Entre los elementos que incriminan a Rodrigo, el representante del MPF hizo mención al libro que el acusado publicó años atrás bajo el título "CBI, la Caída" ya que si bien la defensa se negó a que sea incorporado como prueba en el juicio, su contenido implica -según la Fiscalía- el reconocimiento material de los hechos traídos a debate. En dicha publicación, editada en 2014, Rodrigo ensayó una justificación cultural de la evasión y la "función social" de las cuevas a la hora de suministrar financiamiento informal a gente que no exteriorizó formalmente sus ahorros ante la supuesta imposibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable que el acusado Eduardo Rodrigo, en carácter de presidente de CBI, desde 2012 organizó y dirigió una asociación ilícita financiera, conformada con otras personas para cometer intermediación financiera no autorizada, fraudes fiscales y privados, delitos cambios, y lavado de activos", concluyó la Fiscalía.

"Se encuentra acreditado que el acusado Eduardo Rodrigo, en carácter de presidente de CBI, desde 2012 organizó y dirigió una asociación ilícita financiera", indicó Gonella.

Pedido de penas y absoluciones

Por otra parte, Gonella pidió para los acusados de formar parte de la asociación ilícita, entre otros delitos, las siguientes penas:

Aldo Hugo Ramírez y Julio César Ahumada: 7 años de prisión y multa de $ 681.004.498,40 (el doble de lo intermediado, según estimaciones de la Fiscalía General en base a documentación secuestrada en la sede de CBI). En ambos casos, inhabilitación especial para ejercer la profesión de licenciados en administración de empresas por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por 10 años.

Daniel Arnoldo Tissera: 4 años de prisión y multa de $ 340.502.249,20. Inhabilitación especial para ejercer la profesión de licenciado en administración de empresas por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo durante 5 años.

Oscar Américo Altamirano: 7 años y 6 meses de prisión y multa de $ 681.004.498,40. Inhabilitación especial para ejercer el comercio por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por 10 años.

Darío Onofre Ramonda: 3 años de prisión en suspenso y multa de $102.146.674,76

Diego Ariel Sarrafián: 6 años y seis meses de prisión y multa de $82.504.093,06. Además, inhabilitación para ejercer comercio por el doble tiempo de la condena.

Miguel Ricardo Vera: 10 años de prisión y multa de $ 1.432.086.110,96 e inhabilitación para ejercer el comercio por el doble tiempo de la condena. Como así también prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por plazo de 10 años.

Asimismo, para quienes encontró como cómplices de las maniobras de lavado de activos y evasión agravada, requirió:

Paula Andrea Vettorello: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, multa de 40 mil pesos y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por plazo de 5 años.

Roberto Carlos Di Rienzo: 2 años de prisión en suspenso, multa de 20 mil pesos y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por plazo de 5 años.

Jorge Osvaldo Castro: 3 años de prisión en suspenso, multa de 50 mil pesos y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por plazo de 5 años.

Lucas Sebastián Bulchi: 2 años de prisión en suspenso, multa de 20 mil pesos y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por plazo de 5 años.

Luis De Los Santos: 3 años de prisión en suspenso y multa de 90 mil pesos.

Finalmente, Gonella postuló la absolución de Carina Andrea Moreno, Olga Beatriz Divina y Jose María Núñez.

El presente debate comenzó en noviembre pasado y tiene la particularidad de que por primera vez se juzgan hechos encuadrados en el delito de intermediación financiera no autorizada, figura incorporada en el artículo 310 del Código Penal en virtud de lo establecido por la Ley 26.733 de diciembre de 2011. Dicha normativa fue sancionada en el marco del plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) con el objetivo de reprimir y perseguir conductas que sean perjudiciales al sistema financiero y, así, garantizar la protección de los usuarios frente a prácticas abusivas y generar confianza y transparencia en los mercados.