Los jueces Mauro Divito y Mariano Scotto, de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmaron los procesamientos de cuatro policías acusados en la causa por el derrumbe del boliche “Beara”, ocurrido en septiembre de 2010 y en el que resultaron muertas dos personas y otras resultaron gravemente heridas. La resolución incluyó también la confirmación de los procesamientos de seis empresarios y del encargado del local. En la investigación interviene el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, Andrés Madrea.

Dos comisarios, un subcomisario y un sargento de la entonces Policía Federal habían sido procesados en septiembre pasado por la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, en orden a los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. De acuerdo a la resolución del Juzgado Criminal y Correccional N°45, los imputados recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los locales “Beara” y “Caramel”, ubicado en Scalabrini Ortiz al 1600. El objetivo de esos pagos era permitir que ambos boliches funcionaran para un uso para el que no estaban habilitados. Este punto sería entonces uno de los factores que provocó el colapso del entrepiso y la muerte de Ariana Lizarraga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, el 10 de septiembre de 2010, además de las múltiples lesiones graves que sufrieron las personas que se encontraban aquella noche allí.

Cinco empresarios y el encargado del local formaban parte de la sociedad que regenteaba el local Beara y también el otro boliche lindero, Caramel. A todos ellos se les confirmó el procesamiento por cohecho activo. De acuerdo a la investigación, le pagaban al sargento imputado, quién oficiaba de “recaudador” para los dos comisarios y el subcomisario investigados.

La audiencia ante la Cámara
En su presentación, el fiscal Madrea hizo hincapié en la existencia de archivos informáticos de la etapa 2007-2010 donde se mostraba una proyección de gastos con la mención “policía”. A eso le sumó el entrecruzamiento de llamadas que confirmó los contactos telefónicos entre los comisarios y el sargento, incluso cuando temporalmente no trabajaban juntos en la Comisaría 25º.

Los jueces Divito y Scotto compartieron los argumentos de la fiscalía y explicaron que dos de los empresarios mantuvieron contacto telefónico con el sargento, al igual que otros dos dueños, todo durante el período 2007-2010. Cabe recordar que los imputados habían negado estas comunicaciones

“En ese contexto y teniendo en cuenta, además, los numerosos registros relevados por el Ministerio Público Fiscal respecto de R.C., J.G y F., incluso –como se mencionó anteriormente- durante el período en el que no compartían funciones en la Seccional 25ª, lo que permite presumir que mantenían una relación que superaba la laboral, difícilmente pueda sostenerse que sus superiores jerárquicos –C. y G.- ignoraran la recepción espuria de dinero, ya que la fluidez en el trato, tal como se acreditó, es incompatible con semejante ocultamiento y más bien indicativa de la actuación de F. como personero”, señalaron los jueces.

Luego, explicaron que la situación también abarcaba a A. ya que, al haber ingresado como comisario de la seccional 25ª no era verosímil que quedara al margen de la situación. Indicaron también que no se puede descartar en esta etapa que el cohecho tuviera incidencia en lo sucedido el 10 de septiembre de 2010, ya que el soborno fue lo que impidió “un control razonable de las instalaciones” y facilitó, entre otras cuestiones, “la concurrencia y permanencia indiscriminada de personas en el local”.

Sostuvieron que además de las comunicaciones, los documentos informáticos indican que dentro de “Beara” y “Caramel” se destinaba dinero al pago de coimas. “Esa contabilidad, llevada en el seno de sendas sociedades por acciones, es la que permite presumir que cada uno de los accionistas -se comunicara, o no, con F. (por caso, R.F. no lo habría hecho)- conoció el hecho de que una parte del dinero se destinaba ilícitamente”, marcaron.

Además, compartieron la solicitud de la fiscalía y ampliaron el procesamiento del ex comisario C. por el cohecho relacionado con el local “Caramel”. En tal sentido, explicaron que si bien en 2010 ya no estaba en la comisaría de la zona de Palermo, las comunicaciones detectadas entre él y F. implicaban que seguía al tanto de la práctica atribuida.

La causa cuenta, además, con quince personas que se encuentran en la etapa de juicio oral, acusados de cometer “estrago doloso por derrumbe de edificio agravado por haber causado la muerte de dos personas”. Los socios que explotaban comercialmente “Beara” también fueron acusados del delito de cohecho activo mientras que los ex funcionarios deberán responder por la imputación de “cohecho pasivo”.

En aquella etapa de la causa, el representante del Ministerio Público Fiscal enumeró los distintos pasos que llevaron a la muerte de Lizarraga y Provedo, desde la conformación de la sociedad donde se presupuestan las coimas, las maniobras desplegadas para lograr la habilitación de local, la construcción irregular y no apta del entrepiso hasta los sobornos a los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad.

Esta parte del expediente está actualmente a cargo del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 7, con la intervención del fiscal general Oscar Ciruzzi y ya se ofreció la prueba para el juicio, por lo que resta que se fije fecha de debate.