03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Interviene la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
Derrumbe del boliche Beara: indagaron a uno de los imputados y comenzaron las declaraciones de testigos
Durante la audiencia de hoy se presentaron cuatro testigos: la madre de una de las jóvenes fallecidas, el tío de la otra víctima, un ex empleado del local y un policía que estuvo aquella noche en el operativo. El miércoles se reanudará el debate. Prevén siete declaraciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó adelante hoy la tercera audiencia en el marco del juicio por el derrumbe dentro del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010 y donde fallecieron Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20). Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini escucharon la última declaración indagatoria que estaba prevista y luego comenzaron con la ronda de testigos, que incluyó cuatro testimonios. En el debate, interviene el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

En el juicio se juzga lo ocurrido la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable Beara -ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz 1638- cuando los ex integrantes del grupo “Ráfaga” llevaban adelante un recital. Cerca de las 3.50, el entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes y las lesiones de los y las jóvenes que se encontraban esa noche. Entre los 17 implicados en el juicio están los responsables del boliche y del local de al lado, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas. La investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Andrés Madrea.

Matías Pantarotto, por entonces gestor de la empresa dueña de Beara, es uno de los implicados y declaró durante la mañana. Sostuvo ante los magistrados que no intervino directamente en el proceso de habilitación del local y que fue contratado por los dueños para llevar adelante dos procesos donde habían decretado la clausura del lugar, en mayo y agosto de 2009.

Marcó entonces que su intervención en el expediente de habilitación se resumió a aconsejarles a los responsables del lugar que presenten “un pronto despacho” para acelerar el trámite y debido a que los papeles para que les otorguen lo que estaban reclamando estaban ya presentados. “Estoy hace 12 años vinculado a una causa por hacer mi trabajo en tribunales en un proceso penal. No se levantó ninguna habilitación por izquierda, solo hice una defensa técnica y jurídica”, marcó Pantarotto. Ante las preguntas de la fiscalía, sostuvo que no sabía cómo operaba Beara sin la habilitación para organizar eventos como el que se llevó adelante la madrugada del 10 de septiembre.

La fiscalía le pidió al tribunal que, al momento de reiterar la convocatoria de un exempleado de Beara que no se presentó hoy, lo haga a través de la fuerza pública.

Los testimonios

La madre de Leticia Provedo relató cómo fue la noche en la que su hija decidió ir a Beara y recordó que la joven le avisó la hora a la que había ingresado, unos cinco minutos después de las tres de la mañana. “Me dormí tranquila porque pensé que ya estaba segura, que no les iba a pasar nada adentro del boliche”, marcó e hizo referencia a que había asistido a ese lugar en compañía de su amiga Ariana Lizarriaga.

Rememoró después que se enteró de lo que había sucedido mediante una llamada que hizo otra amiga de su hija a su casa preguntándole si había vuelto de Beara. A partir de allí, la mujer y su marido fueron primero al local y después al Hospital Fernández, donde reconocieron el cuerpo de la joven.

“Me levanto todos los días pensando en ella pero estoy viva: nos cambió la vida a todos en la familia pero todos respiramos, Leticia no. Todos los socios, los funcionarios siguieron con su vida. Espero que de este proceso salga algo, que se condene a quien se tenga que condenar y se absuelva a quien le corresponda”, marcó. Luego, prestó declaración el tío de Ariana, que fue quien la reconoció en la morgue.

Tras un cuarto intermedio, se presentó un efectivo policial que para ese entonces trabajaba en la comisaría ubicada a pocas cuadras de Beara. Recordó que les avisaron de lo sucedido y que a los pocos minutos llegaron al lugar, donde vieron que aún estaba saliendo gente y que varias personas se encontraban ayudando a los y las heridas.

Por último, declaró un ex empleado de Beara, que se encargaba de distintas tareas como la limpieza y el cuidado del guardarropas. Recordó que estuvo aquella noche y que se escuchó un estruendo en el momento en que se derribó el piso. Ante las preguntas del fiscal Ciruzzi, dijo que la gente saltaba y que nadie les daba órdenes para impedir que hicieran “pogo” en el entrepiso.

Dentro de la convocatoria de hoy estaba solicitado el testimonio de otro empleado del local, que anticipó que no se presentaría en esta oportunidad y que esperaría otra citación. Debido a esta situación, la fiscalía le pidió al tribunal que, al momento de reiterar la convocatoria, lo haga a través de la fuerza pública. Para la próxima audiencia, prevista para el próximo miércoles 23 de febrero, están dispuestas otras siete testimoniales.

"Espero que de este proceso salga algo, que se condene a quien se tenga que condenar y se absuelva a quien le corresponda", dijo la madre de una de las víctimas.

Los imputados

Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess eran socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado. Los tres llegaron a juicio acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real”. Esa última imputación incluye el presunto pago de coimas de su parte para lograr la habilitación de Beara.

En esa línea, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio” y que se ocuparon del trámite de habilitación y de los presuntos pagos, están acusados por los mismos delitos que los socios. Dentro de la lista de acusados está el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación y que está imputado por los homicidios y las lesiones así como por el delito de “falsedad ideológica de documento público”. Por su parte, el co-organizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, está considerado entre los responsables por las muertes y heridos.

Por otra parte, el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, llega al debate acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real. De acuerdo a la acusación, fue el funcionario que intervino directamente en la habilitación de Beara y Caramel.

Con respecto al ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, se lo llevó a juicio por los mismos delitos que a Farrell aunque únicamente alcanzan al local Beara. Misma situación enfrentan el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. La exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, llegó a juicio acusada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber fiscalizado la situación.

Agustín De Grazia era encargado de Beara y se turnaba, de acuerdo a la acusación, para pagarle a los policías las coimas, por lo que se lo consideró partícipe de cohecho activo.

El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados responsables por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. De acuerdo a la acusación, los cuatro recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños de los locales Beara y Caramel.