El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 comunicó hoy que los alegatos en el debate donde se juzga a una oficial de la Policía de la Ciudad por el homicidio de un matrimonio en el barrio de Parque Avellaneda se realizarán durante la primera semana de junio. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Oscar Ciruzzi.

El próximo miércoles 2 de junio expondrá la fiscalía y luego se determinará si también lo hacen las dos defensas que representan a la oficial Sonia Rebeca Soloaga, por un lado, y a su pareja, el policía Diego Alberto Pachilla, por el otro. La querella que representa a los hijos del matrimonio asesinado no podrá llevar adelante un alegato por cuestiones procesales, pero sí participó de todas las audiencias y pudo realizar preguntas.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por la responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 Estela Andrades, la oficial Soloaga se aprovechó de la relación que había forjado con las víctimas para ingresar al domicilio y cometer el crimen. María Delia Speranza (63) y Alberto Antonio Chirico (71) solían habilitar el ingreso de la acusada al baño e incluso le daban algunas comidas, ya que ella trabajaba en la comisaría vecinal 9C y hacía rondas en la zona.

El 11 de junio de 2019, entre las 12 y las 14.30, Soloaga entró a la casa ubicada en Eugenio Garzón al 3500 con el objetivo de robarle a la pareja entre 70 y 80 mil dólares que tenían guardados en distintos lugares de la casa. Según lo que planteó la acusación, la policía estaba en proceso de pagarle un viaje a Disney a su hija por su cumpleaños de 15. Pachilla está acusado de haberla ayudado a eludir la investigación.

“Uno después de años de servicios huele si algo puede ser verdad y sonaba bastante a película lo que había pasado, encima sin que ningún vecino haya escuchado un disparo”, dijo el testigo policía sobre la coartada de la acusada.

En la audiencia de este viernes, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano tomaron declaración a uno de los policías que trabajaba con Soloaga y que estuvo en la escena donde ella denunció que le habían robado su arma reglamentaria y dinero en efectivo destinado a pagar un viaje de su hija a Disney.

“En mi faz profesional y personal no me cerraba su versión: el tiroteo sin armas, sin vainas, sin testigos”, manifestó al respecto de que no se pudieron hallar evidencias para probar lo denunciado por la imputada. “Uno después de años de servicios huele si algo puede ser verdad y sonaba bastante a película lo que había pasado, encima sin que ningún vecino haya escuchado un disparo”, recalcó.

Ante las preguntas de la fiscalía, el policía sostuvo que se enteró de la versión de que Soloaga tenía su arma consigo cuando estaba en la clínica adonde fue para que la atendieran. Recordó que fueron con un comisario hasta allí y que ella negó tener la pistola y les exhibió su mochila. “Si estuvo en algún momento fue sacada antes de mi arribo”, consideró.

En la audiencia de hoy declararon otros seis testigos, entre quienes estuvieron dos mujeres que trabajaban en un pet-shop que la imputada frecuentaba y una madre e hija que atendían un kiosco en la zona. Las cuatro reconstruyeron lo sucedido el 11 de junio cuando Soloaga dejó el celular que la Policía de la Ciudad les entrega a los efectivos para controlar los metros que caminan en sus paradas. 

De acuerdo a esos testimonios, la mujer dejó el aparato esa mañana en el pet shop y después envió un mensaje desde su celular a la empleada para que lo lleve al kiosco, avisando que ella iría luego a retirarlo allí. Ello habría ocurrido cerca de las 13.30 del 11 de junio de 2019. 

Soloaga está acusada por los delitos de “robo agravado por su comisión con arma de fuego, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía, y para consumar el otro delito y lograr la impunidad, que se agrava a su vez por haber sido cometido con un arma de fuego, en concurso real con falsa denuncia”. La policía de 36 años está detenida desde julio de 2019 en un complejo penitenciario federal. A Pachilla se le endilgó el delito de “encubrimiento doblemente agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público”.