El fiscal Federal Ramiro González participa en España desde el 16 de mayo junto a la jueza Federal porteña María Romilda Servini de Cubría en la recolección de testimonios de víctimas y de familiares de afectados por la dictadura franquista y en la realización de inspecciones oculares a sitios históricos, en el marco de la causa abierta en Argentina para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en aquél país europeo entre 1936 y 1977.

La actuación de los magistrados argentinos en España se realiza en el marco de exhortos internacionales librados por Servini de Cubría, de modo tal que los procedimientos se realizan con la autorización de los jueces locales y, en ocasiones, dentro de los mismos juzgados españoles.

Durante las últimas dos semanas, el fiscal y la jueza tomaron declaración a unos quince hombres y mujeres testigos de los hechos o familiares de víctimas, con un promedio mayor a 80 años de edad. "Servini de Cubría estimó de vital importancia presenciar las mismas con una comitiva de funcionarios judiciales habida cuenta de su calidad y cantidad y para evitar declaraciones confusas o incompletas, poder repreguntar cuestiones que no hayan sido contestadas y así realizar un análisis de los contenidos que sirvan para esclarecer y profundizar la investigación de autos", informó González a la Procuración.

La misión de los funcionarios argentinos continuará hasta pasado mañana. El viaje incluye distintas diligencias por las ciudades de Madrid, Málaga, Sevilla, la Isla Balear de Mallorca, y las Comunidades Autónomas de Galicia y País Vasco.

Durante sus declaraciones, varios testigos se emocionaron al contar lo que padecieron. Los funcionarios se sorprendieron por la "increíble precisión" de los relatos "a pesar de su avanzada edad".

En diálogo con la prensa española a la salida de Juzgado de Instrucción Nº2 de Marchena, el fiscal González explicó que "el Ministerio Público de Argentina se hizo presente y está tomando una parte activa en la investigación, que había sido impulsada por la querella". Añadió que el MPF  "es un órgano independiente en la Argentina y forma parte del proceso representando el interés público y promoviendo la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad e intereses de la sociedad. Y, en este caso, el interés de la sociedad española, a través de este juicio de justicia universal".

Justicia universal

El proceso iniciado en Argentina responde a la aplicación del denominado "principio de justicia universal" reconocido en normas y jurisprudencia internacional. Este tipo de juicios se instrumenta en casos de graves crímenes, como el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, cuando el Estado en cuyo territorio se cometieron no asume la jurisdicción para juzgarlos.

La instrumentación de este principio ha sido célebre en los casos en los que el Poder Judicial español impulsó los procesos para juzgar a militares y miembros de fuerzas de seguridad argentinos durante la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a fines de la década del '90. Incluso, uno de los casos llegó a un sentencia: detenido en 1997, el marino Adolfo Scilingo fue condenado en 2005 a 640 años de prisión, pena elevada en 2007 a 1084 años.

El año pasado, la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, recibió a miembros de Amnistía Internacional que le solicitaron el apoyo del Ministerio Público Fiscal argentino para la investigación de los crímenes del franquismo, teniendo en cuenta que "en España esas causas se archivan de manera sistemática".

En el contexto de esa reunión, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, indicó que es necesario "investigar estos hechos desde perspectivas no solamente jurídicas, sino también mirando históricamente, pensando qué significa para una sociedad la memoria, como garantía de que estas cosas no vuelvan a pasar".

El objeto de la causa por los crímenes del franquismo, que hasta el inicio de esta misión en España contaba con 46 cuerpos, consiste en torturas, homicidios, asesinatos, desapariciones forzadas y sustracción de niños, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y otros delitos durante durante el golpe de Estado y la dictadura de Francisco Franco. Concretamente, el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las del 16 de febrero de 1936.

Los hechos habrían sido cometidos "por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes en territorio español". En la investigación, hay al menos 17 imputados, denunciados por la activa querella que representa a víctimas y familiares.