El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó hoy a Sergio y Gustavo Meller a dos años de ejecución en suspenso por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de partícipes necesarios, al término del juicio por la autorización del pago ilegítimo de una deuda que los empresarios, a través de la firma Meller S.A., le reclamaban al Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) por la publicación anual de guías telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires. En línea con lo solicitado por el fiscal general que intervino en el debate oral y público, Diego Velasco, los jueces también le impusieron una pena de tres años -también de ejecución en suspenso- a Yolanda Eggink, una funcionaria que se desempeñó en el Ministerio de Economía e integró el Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

En tanto, resultaron absueltos los ex gerentes de Asuntos Legales de ENTel, Gustavo Daneri y Gustavo Cresta, y el director de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía -donde se supervisaban las cuestiones atinentes a los entes liquidados- Andrés Troha. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el viernes 20 de octubre, desde las 18.00.

Al juicio también había llegado como acusada la ex interventora para la liquidación del ente. María Julia Alsogaray, pero a mediados de agosto el proceso se suspendió respecto a ella por cuestiones médicas. La actuación de la ex polifuncionaria menemista como liquidadora ya le valió una condena a cuatro años de prisión en 2014, por una contratación fraudulenta, en 1994, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.” y el estudio Fernández Madero.

La sentencia repercutirá en el proceso que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, en el que está en litigio el monto del pago, o no, del dinero reclamado, que para el 2003 era de 399.000.000 de pesos en bonos de consolidación nacional.

El alegato de la Fiscalía y el veredicto del TOF N°6

Durante su alegato, el titular de la Fiscalía General N°6 había considerado acreditado que a través del expediente administrativo 8.946, primero, se autorizó el pago de alrededor de tres millones de dólares con el endoso de un cheque, y del 10.711, después, por otros 28 millones a pagar en bonos de consolidación. En ese sentido, resaltó que a través de sus intervenciones los ex funcionarios “crearon argumentos que beneficiaban a Meller S.A., a pesar de los dictámenes de los órganos de control” como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación, que presentaban “reparos categóricos”. En su veredicto, los magistrados José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Herminio Fernando Canero consideraron acreditado el hecho relativo al expediente 10.711 e impusieron las penas en función de él, en tanto que dictaron absoluciones respecto del 8.946.

En cuanto al primer expediente, Velasco había advertido que, como la deuda no podría pagarse con bonos de consolidación, como indicaba la normativa, los entonces funcionarios “tuvieron que buscarle la vuelta para pagar en efectivo, endosando un cheque de un privado” para que no se enteren los órganos de control. “Llevamos muchos años acá. Yo nunca lo vi”, enfatizó entonces.

Respecto del segundo -el 10.711-, reseñó que se autorizó el pago en bonos de consolidación a través de la resolución 146/96, lo que debía contar con el aval de la comisión fiscalizadora y la autoridad de aplicación, es decir el Ministerio de Economía. La imputada Yolanda Eggink había dicho desde ese ministerio que no correspondía el pago, pero para el fiscal “hay un cambio de posición” cuando pasó a integrar el Tribunal Arbitral de Obras Públicas y en un laudo favorable al interés de Meller S.A. adhirió al voto de un colega. Para 2002, cuando el pago ya estaba impugnado en sede penal por la Oficina Anticorrupción, “los funcionarios siguieron para adelante” sin suspender el trámite.

Por otra parte, el fiscal general hizo hincapié en que obran como prueba en la causa penal 130 llamados entre Meller S.A. y el teléfono particular de María Julia Alsogaray, lo que demuestra que “había un acuerdo entre la liquidadora y la parte reclamante por fuera de los intereses del Estado”.

El litigio en el fuero contencioso administrativo federal

La sentencia repercutirá en el proceso que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, en el que está en litigio el monto del pago, o no, del dinero reclamado, que para el 2003 era de 399.000.000 de pesos en bonos de consolidación nacional. Lo decidido en sede penal tendrá valor de cosa juzgada en aquél expediente.