23 de septiembre de 2020
23 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Por infracción al artículo 300 del Código Penal
Fiscalías federales de CABA y Resistencia iniciaron investigaciones sobre presuntas manipulaciones de precios 
Se trata de maniobras que tenderían a provocar un aumento en la demanda y manipular el mercado de productos alimenticios y de higiene de primera necesidad.

Las fiscalías federales Nº6 de la Capital Federal y de Resistencia (Chaco) iniciaron sendas investigaciones preliminares (IP) para determinar si se desplegaron maniobras para afectar el normal desenvolvimiento del mercado en relación a productos alimenticios y de higiene. Se trata de hechos reprimidos en el artículo 300 del Código Penal de la Nación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la dependencia a cargo del fiscal Federico Delgado se encuentra en la fase de recolección de datos. La IP comenzó el viernes, por delegación de José Luis Aguero Iturbe, actualmente a cargo de la Fiscalía General con sede en la jurisdicción.

La pesquisa es en torno a una posible infracción al mencionado artículo del Código Penal, en su inciso 1. En concreto, para corroborar si las actividades están ligadas a una estrategia desplegada en redes sociales mediante “granjas de trolls” para provocar un aumento en la demanda y así manipular el mercado.

La investigación en Chaco

El 1º de abril la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, junto con el fiscal general Federico Carniel, hicieron lo propio.

La dependencia del MPF se hizo eco de una publicación de un medio de comunicación local que daba cuenta de que “en el marco de inspecciones realizadas, se habrían detectado faltas incurridas por comercios locales de venta mayorista de productos alimenticios, que debieron retrotraer precios de una serie de productos a valores vigentes al 06 de marzo pasado en los términos de la Resolución N° 100/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, dictada en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria y demás medidas decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU N° 260/20 y 297/20”. 

Los locales inspeccionados sobre los que recayó la orden habrían sido El Indio, Cheek, Maxiconsumo, Yaguar, Alimentos Argentinos y Vital, “continuándose las tareas de monitoreo e inspección a cargo del Ministerio de la Producción Industria y Empleo de la Provincia del Chaco en orden al contralor de cumplimiento de la normativa nacional vigente para el mantenimiento de precios y debido abastecimiento de productos de la canasta básica, bebidas y artículos de higiene”, reseñó la fiscalía al abrir la investigación. 

Esos hechos dieron pie a la pesquisa, bajo la hipótesis de que serían infracciones al artículo 300 inciso 1° y concordantes del Código Penal. En consecuencia, se dispuso una serie diligencias a los fines de corroborar y requerir información de lo actuado por el Ministerio de la Industria, Producción y Empleo de la Provincia del Chaco; la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad de la ciudad de Resistencia; y la Administración Federal de Ingresos Publicos- AFIP-DGI- Regional Resistencia, entre otras medidas.

Estas actuaciones se suman a las iniciadas también en Mar del Plata, donde el fiscal general Daniel Adler abrió una IP tras tomar conocimiento de que una organización de defensa al consumidor ya había recibido más de cien denuncias por la afectación a la cadena de distribución y comercialización de elementos esenciales y de primera necesidad.

¿Qué dice el artículo 300 del Código Penal?

El Código Penal prevé, en el inciso 1 del artículo 300, que será reprimido con prisión de seis meses a dos años “el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.