El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, Guillermo Marijuan, realizó una denuncia penal  para que se investigue el “excesivo” aumento de precios de diferentes artículos considerados esenciales para la prevención y lucha contra la propagación del COVID-19. El representante del Ministerio Público Fiscal propuso, junto con la presentación, una docena de medidas de prueba que comprenden el pedido de información a los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo de la Nación, a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a entidades comerciales y asociaciones profesionales, entre otras.

La investigación apunta a comerciantes, fabricantes, productores e importadores, quienes “en una clara actitud especulativa” habrían  aumentado los precios de insumos básicos para la salud como remedios y elementos de higiene y desinfección. El fiscal federal entendió que los hechos encuadrarían en los delitos regulados en los artículos 205, 239 y 300 inciso 1 del Código Penal.

En su presentación, el fiscal indicó que las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional para combatir la propagación del virus incluían también "la imposición de medidas de carácter económico que alcanzó a la toma de decisiones respecto de los insumos de la salud de primera necesidad (...) cuyo faltante o alza de precios fue advertida por el Estado", mediante resoluciones de la Secretaria de Comercio Interior. “Esta situación fue una clara manipulación por parte de los responsables de la cadena de producción y comercialización de los insumos (fabricantes, comerciantes, etc), quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aumentaron los valores sin ningún tipo de justificación”, completó.

La denuncia reparó en información difundida por diferentes medios de comunicación, que ya en marzo daban cuenta del incremento del precio de insumos en base a informes de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), por ejemplo, a quienes se sugirió se requieran los datos reproducidos periodísticamente.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal Nº12, que subroga Rodolfo Canicoba Corral.