La titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, Silvina Domínguez, citó a indagatoria para el 25 de octubre a Mario Sepúlveda, principal acusado por los incidentes en Villa Traful durante una visita oficial del presidente Mauricio Macri, en diciembre del año pasado. La medida había sido reclamada por la fiscal federal de Zapala, Karina Stagnaro, con la colaboración de la Comisión de Fiscales integrada por Mónica Cuñarro, Alejandro Cantaro y Marcelo Molina.
La mañana del 28 de diciembre de 2016 el presidente de la Nación se dirigía a encabezar un acto oficial (la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística de la localidad de Villa Traful, en Neuquén) cuando, de manera imprevista, modificó su itinerario para visitar una fábrica de alfajores ubicada a unos 1000 metros. De regreso y ya rumbo al acto, a la altura de la ruta provincial 65 se produjeron incidentes con un grupo de entre 15 a 20 personas identificadas con pecheras de ATE, quienes realizaban una protesta contra la presencia del jefe de Estado.
En ese contexto, el vehículo que trasladaba al primer mandatario sufrió la rotura de dos ventanillas traseras, aunque no se registraron heridos entre quienes ocupaban el rodado. En forma posterior, alrededor de las 10:10, cuando la comitiva oficial se trasladaba al acto, ese grupo de 15 manifestantes se dirigió al área improvisada para el aterrizaje del helicóptero presidencial y -desde unos 30 metros- arrojó piedras y objetos contundentes a la aeronave, logrando impactarla, al tiempo que continuó su marcha hacia el lugar de despegue. Como consecuencia del forcejeo, un agente asignado a la seguridad del helipuerto sufrió una lesión leve en el labio superior, mientras que la aeronave registró daños menores provocados por el impacto de algunos proyectiles.
En julio de este año, Stagnaro y la Comisión de Fiscales habían solicitado la detención y declaración indagatoria Sepúlveda, a quién identificaron como quien arrojó la piedra que impactó en la ventanilla del vehículo que trasladaba al jefe de Estado. La medida había sido pedida en carácter de urgente debido a los tiempos de la prescripción y para evitar que el paso del tiempo frustre la investigación.
A fines de ese mes, la jueza Domínguez le concedió una exención de prisión al hombre, sin corroborar siquiera un domicilio real del imputado. La fiscal se había opuesto al pedido, pues consideró que la causa reviste gravedad institucional y que no se daban los requisitos mínimos exigidos. Además del domicilio, había señalado otras irregularidades: no se contaba con su planilla de antecedentes ni con un informe socio-ambiental. A ello le sumó que el acusado ocupa un lugar privilegiado en la conducción del gremio ATE Neuquén, lo que le permitiría obstruir la investigación y hasta coaccionar a algunos testigos.
Stagnaro apeló la decisión de la magistrada, medida que fue sostenida en agosto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca con los mismos argumentos. Finalmente, y luego de que la Fiscalía solicitará por cuarta vez la citación a indagatoria a Sepúlveda, la titular del Juzgado Federal de Zapala la fijó para finales de octubre.