Siete personas están siendo indagadas en el marco de una investigación delegada en la Fiscalía Federal de Victoria -provincia de Entre Ríos- a cargo de Carlos García Escalada, en la que el Ministerio Público Fiscal les imputa una serie de incendios ocurridos entre fines de febrero y comienzos de marzo de este año en las islas del Alto Delta, que entorpecieron los transportes por tierra y agua y afectaron el ambiente. La medida fue autorizada por el Juzgado Federal de Paraná. Por otra parte, la Fiscalía Federal Nº1 de Santa Fe -que encabeza Jorge Gustavo Onel- inició el viernes una investigación preliminar (IP) por hechos recientes y encomendó diligencias a las fuerzas federales.

La pesquisa en Victoria comenzó el 3 de marzo tras una denuncia formulada por la Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, en la que dio cuenta de la existencia de incendios el 13, 28 y 29 de febrero y 1° de marzo que produjeron grandes columnas de humo y perjuicios a la atmósfera, la fauna ictícola, la flora, la población ribereña, transeúntes, turistas y habitantes de Rosario.

Una vez delegada la dirección de la investigación en la Fiscalía Federal de Victoria, García Escalada dispuso la intervención de Prefectura Naval Argentina Rosario para que constate las localizaciones de los focos ígneos informados y se recaben testimonios que permitan identificar a los autores. Asimismo, se requirió que informe acerca de la actuación del Plan Provincial de Manejo del Fuego a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, se recibió la declaración testimonial del titular de esa cartera, se solicitó a diversos entes del Poder Ejecutivo provincial informes relativos a las actividades productivas que se desarrollan en la zona afectada por los incendios, como así también las actuaciones prácticas tendientes a su prevención, detección y neutralización, y a la identificación de los propietarios de los campos correspondientes.

Entretanto, se acumularon a esas actuaciones judiciales las iniciadas con motivo de las denuncias formuladas por los representantes legales de las municipalidades de San Lorenzo y Arroyo Seco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Al ser identificados los propietarios de los campos en los cuales se produjeron los incendios denunciados en la primera presentación, la fiscalía le pidió al Juez Federal N° 1 de Paraná que ordene la comparencia de ocho personas a prestar declaración indagatoria y se le les impute, en cada caso, haber causado un incendio, “generando peligro común para los bienes y/o de muerte para las personas, en campos de su propiedad (…) ubicados en las islas del Alto Delta del Paraná (departamento Victoria, provincia de Entre Ríos); entorpeciendo el normal desenvolvimiento de los transportes por tierra que circulaban por las rutas nacionales 9 y 174, por las aguas del río Paraná y/o por el aire, y contaminando la atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos (humo)”. Excepto en el caso de una de esas personas, que habría fallecido, el juez hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que las indagatorias se lleven a cabo mediante exhorto, medida que se encuentra en curso de ejecución.

Por otra parte, al continuar con la investigación, García Escalada solicitó al Director Nacional de Coordinación Judicial y con los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la asignación y desplazamiento de recursos a la zona de islas del Alto Delta del río Paraná, para prevenir e investigar los hechos ilícitos comprendidos en la causa.

Durante la pesquisa se han geolocalizado alrededor de 80 focos ígneos, con relación a los cuales se requirió informe acerca de los propietarios o poseedores de los campos respectivos. El pasado 17 de julio fueron informadas las identidades de diez propietarios o poseedores, entre personas físicas y jurídicas. La identificación se produjo a partir de coordenadas aportadas en el marco de la investigación y en referencia a incendios ocurridos en junio.

Investigación preliminar en Santa Fe

Por su parte, la fiscalía federal Nº1 de Santa Fe, a cargo de Jorge Gustavo Onel, inició el viernes una investigación preliminar (IP) para determinar la presunta comisión de delitos de acción pública de competencia federal, individualizar a sus autores y colaborar con las acciones necesarias que hagan cesar la quema de pastizales que afecta a la región. Además, solicitó al juzgado federal interviniente que prohíba de manera “absoluta” las “quemas de pastizales, actividades que impliquen riesgo de incendios aún con carácter accidental, y de toda otra acción idónea para alterar el medio ambiente”.

Antes de dar comienzo a la pesquisa el fiscal federal había encomendado un relevamiento a Gendarmería Nacional, que informó de “focos de mediana y baja importancia principalmente en la zona del corredor vial ruta 168 entre el tramo comprendido del puente colgante hasta el empalme con la intersección con la ruta provincial 1, como así también en la periferia de las localidades de San José de Rincón, Arroyo Leyes, hasta la localidad de Cayastá (RP1)”. Asimismo, personal de Protección Civil de la provincia de Santa Fe dio cuenta, tras un sobrevuelo en las zonas afectadas, de focos en la zona de islas y caminos cercanos a la ruta 168.

Onel recordó la existencia de hechos de similares características en las jurisdicciones de Rosario, Victoria y Paraná -estas dos últimas de la provincia de Entre Ríos-, por lo que no descartó “un interés federal en la cuestión en los términos de una afectación de recursos ambientales con alcance interjurisdiccional”. Asimismo, repasó las penas que el artículo 186 del Código Penal establece para quienes causaren incendios, tanto en la figura básica como en las agravadas -si hubiere peligro de muerte o se produjere el deceso de alguna persona-, en cuyo caso llegan a los 20 años de prisión.

Además de la IP y la medida cautelar, la fiscalía federal instruyó a la Gendarmería y la Prefectura Naval a que “lleven a cabo todas aquellas diligencias tendientes a la comprobación de comisión de delitos penales de acción pública en las zonas referenciadas”; para ello, deberán articular “una labor coordinada que abarque la totalidad de las áreas afectadas, quedando ambas fuerzas federales autorizadas a requerir colaboración a autoridades nacionales, provinciales o municipales. En esa línea, Onel estableció que el resultado de las diligencias tendrán que ser notificado cada 48 horas.