Días atrás, en la sede del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, prestaron declaración indagatoria miembros de la familia Pérez Companc y ex directivos de Molinos Río de la Plata en la causa que se les sigue por evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación. Además de la jueza, estuvo presente el fiscal federal Fernando Domínguez, quien interviene en el caso.

En concreto, los indagados fueron la esposa de Gregorio Pérez Companc, María Carmen Sundblad; los hijos de ambos, Jorge y Luis Pérez Compac, y los ex directivos de Molinos Carlos Cupi y Jorge Micozzi. En tanto que el propio Gregorio Pérez Companc se encuentra citado, pero no asistió a la audiencia debido a que volvió a acusar problemas de salud. El primer llamado a indagatoria se había realizado a mediados de julio pasado, pero fue pospuesto a pedido de la defensa de la familia. Los abogados del poderoso empresario habían alegado la avanzada edad y el estado de salud como excusa.

La operatoria presuntamente ilegal habría consistido en presentar ante la AFIP facturas apócrifas de proveedores que “carecían de capacidad operativa, económica y financiera para realizar las operaciones que se manifestaron como realizadas”. Gracias a la maniobra, Molinos Río de la Plata S.A habría obtenido el reintegro del IVA por montos cercanos a los 10 millones de pesos. En cuanto a la evasión del pago del impuesto a las ganancias, la metodología era similar. En total, la AFIP computó más de 50 contribuyentes que habrían sido empleados en ambas operaciones ilegales.

Tanto los integrantes de la familia Pérez Companc como los ex directivos de Molinos Cupi y Micozzi negaron los cargos en su contra y los abogados de cada uno presentaron una serie de escritos con los que intentaron demostrar la “total ajenidad con relación a los hechos investigados”.

En cuanto a la declaración pendiente a Gregorio Pérez Companc, el fiscal Domínguez impugnó el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había señalado que el empresario no podía afrontar el proceso, porque, a criterio del representante del MPF, “carece de fundamentación técnico científica”. En este sentido, además requirió que se practique un nuevo peritaje a través de una junta de médicos/peritos. Sobre estas cuestiones, ahora deberá resolver la jueza federal.