08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Corrupción
Insisten ante Casación para impedir que prescriba una causa por la venta fraudulenta del predio de “La Rural”
Luego de que la cámara de apelaciones rechazara el recurso de Casación, el fiscal general Sandro Abraldes se presentó en queja ante el máximo tribunal penal del país para que anule el fallo que avaló la prescripción.

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal rechazó el recurso de casación que el fiscal general Sandro Abraldes había presentado en el mes de junio contra la sentencia que había declarado prescripta la causa penal contra el ex directivo del Banco Provincia Francisco Prati por la venta fraudulenta del predio de “La Rural”. Debido a eso, Abraldes elevó directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal un recurso de queja.

Para rechazar el recurso, la cámara argumentó que la fiscalía se había excedido en los límites de la acción, ya que la cuestión vinculada al plazo razonable no había sido motivo de impugnación por parte del fiscal de primera instancia.

Sin embargo, en la queja, Abraldes fue “terminante” contra esa decisión. En ese sentido, señaló que la Sala VII no había analizado la procedencia del recurso de casación interpuesto, que era a todo lo que debía limitarse. Asimismo, el fiscal general agregó que “tampoco hubo respuesta alguna a los agravios expresados por esta Fiscalía en su recurso de casación. […] Tal como lo establece nuestro ordenamiento procesal, la Sala VII debía limitarse a evaluar la procedencia del recurso de casación. Ello no se hizo. Es más, se repitieron aquellos fundamentos expuestos en su criticada resolución, circunstancia que llama a confusión, en una lectura más desatenta, sobre si aquello que ahora se rechaza es un recurso de casación o uno de apelación”.

De esta manera, para Abraldes, la falta de respuesta sobre la procedencia del recurso fue tan evidente que dejó al Ministerio Público Fiscal sin la posibilidad de decir otra cosa que no fuera más que insistir sobre los argumentos expuestos en el recurso de casación.

En esa oportunidad, el fiscal general había indicado que el propio fiscal de primera instancia había advertido sobre los riesgos de las demoras en diversos escritos. Entre otras cosas sostuvo: “advierto nuevamente con la misma indignación que se sigue esquivando el debido trámite de este proceso. No se resuelve la pretensión del Ministerio Público Fiscal, a más de una década de formulados y probados los cargos en el lejano mes de mayo de 2000. Es desesperante comprobar que todo el trabajo y esfuerzo de la fiscalía que permitió, al cabo de una batalla procesal de más de 5 años, que los jueces ordenaran la declaración indagatoria de los imputados en 2004 y 2005, sea conducido una y otra vez a un punto muerto, convertido en una completa entelequia en razón de periódicas reediciones de cuestiones incidentales y el desmembramiento o lisa y llana omisión de sus diversos tramos”.

Para Abraldes, entonces no quedaban dudas de que el fiscal de primera instancia se había agraviado por la afirmación del transcurso de un supuesto de plazo razonable que sirviese para que la causa prescribiera. A la vez, el fiscal general indicó que el Ministerio Público ha estimado y ha insistido en cada presentación -incluida la apelación- en lo irrazonable, insostenible y escandaloso de las demoras, inútiles paréntesis, alzamientos contra el Tribunal Superior, incuria funcional y una constante revisión de hecho de lo decidido por quienes tienen a su cargo el cumplimiento de diversos actos procesales.

Ahora, la Sala III de la Cámara de Casación Penal debe analizar lo expuesto por Abraldes y decidir si acepta el recurso, o bien si confirma todas las incongruencias de los magistrados del poder judicial que intervinieron con anterioridad.

Por otra parte, esta misma semana, el fiscal de distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, volvió a rechazar planteos de prescripción presentados por funcionarios de la ex Municipalidad de Buenos Aires y del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), acusados de la venta o concesión fraudulenta de “La Rural”.