Con intervención del titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal federal coadyuvante Sergio Mola, continúan las audiencias ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz.

Luego de la declaración de las y los peritos contadores, el pasado 18 de abril se inició la ronda de testimonios de los especialistas ingenieros. En esa oportunidad declararon los peritos aportados por el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, el ingeniero civil Eloy Pablo Bona y el ingeniero Roberto Panizza, mientras que ayer fue el turno de la ingeniera y actual titular de la Dirección Nacional de Residuos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Adriana Alperovich, designada por la defensa de Cristina Fernández.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se le imputó a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, fueron acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalmente, al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputó la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación de los representantes del MPFN, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos.

Las declaraciones de la y los peritos ingenieros

Oportunamente, se le encomendó a la y los peritos Alperovich, Bona y Panizza que brindaran su opinión técnica sobre distintas cuestiones relacionadas con los 51 contratos de obras viales para la provincia de Santa Cruz, adjudicadas a empresas del Grupo Báez, en el marco de las maniobras investigadas.

En tal sentido, se les pidió que refirieran si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, y en las ofertas efectuadas por las empresas adjudicatarias. Para ello, se les solicitó que consideraran los precios de plaza al momento de los hechos y los ítems relevados.

En tal sentido, Bona, Panizza y Alperovich explicaron la metodología que utilizó cada uno para elaborar sus informes, la bibliografía consultada y los ítems que consideraron para efectuar los cálculos y determinar si hubo sobreprecios en los presupuestos y las contrataciones y adquisición de materiales para la construcción de diversas trazas viales en la provincia patagónica.

Así, la perita y los peritos ingenieros mantuvieron los métodos empleados para abordar las conclusiones de sus respectivos informes. También, el Ministerio Público y las defensas efectuaron preguntas a los testigos, sobre el primer punto del peritaje.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal continuará hoy con las audiencias, oportunidad en la que se interrogará a los especialistas respecto a sí las empresas adjudicatarias de las obras tenían la capacidad técnico-financiera para llevar adelante las obras cuestionadas.