La titular de la Fiscalía Nacional de Menores N°2, María Eugenia Sagasta, envió un oficio a la Directora General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Blasco, a fin de reiterar la petición efectuada en septiembre de 2016 ante la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para la  implementación urgente de un protocolo de intervención para prevenir y resolver situaciones extremas con riesgo de vida, atendiendo a la particular situación de los menores de edad alojados en Institutos para Menores, como también a quienes trabajan allí.

Oportunamente -y en el marco de la investigación por el motín ocurrido en la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 2016, en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Rocca, ubicado en la calle Segurola 1601, en el barrio porteño de Floresta-, la fiscal Sagasta había requerido la implementación de un protocolo de actuación para afrontar sucesos de esa índole. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta por parte de las autoridades nacionales, e incluso el pasado 29 de mayo volvió a suscitarse un motín, esta vez en el Instituto de Menores San Martín, que funciona en la calle Baldomero Fernández Moreno al 1700, en el barrio porteño de Flores, donde siete internos se fugaron resultando tres personas hospitalizadas, otro resultó herido con un arma blanca y un celador tuvo que ser hospitalizado cuando cayó de un techo.

En el año 2016, mediante el Decreto N°873/16, el Poder Ejecutivo Nacional transfirió a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal, que dependieran del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia respectivo.

Así, el 21 de octubre pasado, mediante resolución N°942, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó su estructura organizativa y creó la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ), a cargo de la Profesora María Alicia Blasco.

Ahora, la fiscal Sagasta le reiteró a Blasco su pedido de implementar, de manera urgente, “un protocolo de intervención que prevea las acciones por parte de la autoridad competente ante situaciones extremas como las sucedidas el 16 y 17 de abril de 2016 en el Instituto Rocca y similares aunque con consecuencias menores en el Instituto San Martín en el mes de mayo pasado, y que atienda a la particular situación de los menores de edad alojados en  instituciones cerradas como así también a las personas que trabajan cumpliendo diferentes funciones”.

Asimismo, en su oficio, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó “adecuar la actuación de las autoridades y/o fuerzas de seguridad que corresponda, como así también en lo sucesivo disponga una efectiva y suficiente cantidad de personal de Seguridad y Vigilancia especializada que contemple adecuadamente la cantidad de adolescentes incluidos en el circuito penal juvenil de que se trate, con el objeto de evitar la posibilidad de repetición de hechos de similares características a los sucedidos”.

A raíz de ese pedido en el marco de la mesa convocada para conformar la “Alianza Estratégica por Niñas, Niños y Adolescentes afectados por el Sistema Penal” que trabaja conjuntamente con el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por el sistema penal” la Fiscal de Menores fue invitada el día 27 de julio pasado ante los distintos integrantes para explicitar el alcance de su pedido y la importancia de la pronta creación e implementación del protocolo en cuestión.

Dicha Alianza fue creada por  la Defensoría del Pueblo de la Nación el 27 de marzo pasado -Resolución 27/2017- y la integran la Asociación Civil de Familiares de detenidos en Cárceles Federales, la Asociación de Pensamiento penal, la Oficina Regional de Church Word Service, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional de la Mujer, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución penal, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Ministerio de Seguridad de la nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.