La fiscal general Gabriela Baigún solicitó hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 porteño que imponga la pena de prisión perpetua para los dos acusados por el secuestro seguido de muerte de una adolescente de 15 años perpetrado entre el 20 y el 21 de noviembre del 2018.

De esta manera, la titular de la Fiscalía General N°3 -quien fue asistida por la auxiliar fiscal María Laura Ferraris y el jefe de despacho Francisco Lorea Bonete- requirió que los acusados Luis Alberto Fernández y Bruno Martín Cortez sean condenados en carácter de coautores penalmente responsables de los delitos de secuestro de extorsivo agravado por haber obtenido el pago del rescate, por ser la víctima una joven menor de edad, por la existencia de un vínculo de respeto y por causar intencionalmente la muerte de la víctima.

La fiscal solicitó además que a Fernández se lo condene por resistencia a la autoridad agravada por haberse cometido mediante uso de un arma de fuego, portación de arma de guerra y encubrimiento de receptación  (estos delitos en carácter de autor). Para el caso de Cortez la representante del MPF requirió la unificación de una pena previa del 12 de noviembre del 2019, de diez meses de prisión en suspenso, en el caso que corresponda la revocatoria de la pena en suspenso.

La fiscalía también requirió el decomiso de la totalidad de los objetos utilizados para la comisión de los delitos. A su vez, peticionó que la totalidad del dinero secuestrado en la pesquisa sea devuelto a la madre de la víctima. Finalmente, la fiscal Baigún adelantó que denunciará el encubrimiento de los hechos en relación a otras dos personas.

“Tengo fehacientemente acreditado que, durante los primeros días del mes de octubre del 2018, los imputados y otra persona de sexo masculino que aún no fue individualizado e identificado su aporte al hecho, comenzaron a idear y planear el secuestro extorsivo de X.N.M.M, de 15 años de edad”, sostuvo la fiscal Baigún.

Baigún señaló que los acusados planearon el crimen un mes antes de cometerlo y “comenzaron la ejecución del hecho el 20 de noviembre del 2018 a las 17.00 horas, cuando ambos arriban al colegio al que concurría la niña frente al 255 de Avenida Carabobo y estacionan en doble fila".

La represenante del MPF describió los hechos perpetrados y señaló que los acusados “comenzaron la ejecución del hecho el 20 de noviembre del 2018 a las 17.00 horas, cuando ambos arriban al colegio al que concurría la niña frente al 255 de Avenida Carabobo y estacionan en doble fila. Fernández se bajó del auto y va en búsqueda de la adolescente. Cortez permanece en el vehículo sentado en el asiento del acompañante”.

La fiscalía relató que Fernández llamó por su nombre a la víctima y “le dijo que la llevaría a su casa”. Según el MPF, la víctima aceptó y “Fernández sabía que lo haría”, ya que conocía a la víctima “hace muchos años, desde que ella tenía un año de edad”.

“No es la primera vez que la buscaba al colegio, ella y sus hermanos lo llamaban tío”, relató la fiscal Baigún. Para ese momento la muerte de la adolescente ya había sido premeditada, agregó.

Posteriormente al relato sobre la exigencia del pago dinerario a la madre de la víctima, el pago del rescate y el intento de profugarse de los acusados, la fiscal consideró “acreditada la conducta de secuestro extorsivo, por haber obtenido el pago del rescate”. En este sentido, Baigún detalló que "lo real y lo que importa es que uno de los imputados fue visto apoderándose del rescate que había dejado la madre de la víctima. El rescate fue cobrado por ellos. No por otra persona”.

“En el delito de secuestro no solo el dolo abarca la necesidad de privar a otro de su libertad sino hacerlo para cobrar un rescate”, explicó la fiscalía. En este mismo sentido la fiscalía señaló que “la muerte no solamente fue querida sino también planeada, premeditada. Para ello fueron llevados los elementos que ellos necesitaban para hacerlo”.

En el proceso se acreditó que la joven murió por "compresión cervical". Durante el alegato, la fiscal recordó que la adolescente fue hallada sin signos vitales entre los asientos delantero y trasero de un Fiat Duna, sobre el piso, tapada con una frazada y/o tela, con la cabeza suspendida cubierta por un buzo de color rojo al cuello, sujeto por una cinta adhesiva color gris. Describió que tenía una soga alrededor de su cuello, "ceñida a su vez por una madera tipo varilla anudada en la parte superior de la cabeza a modo de torniquete, con una soga que a su vez se encontraba atada al cinturón de seguridad del lado del conductor".

En el proceso se acreditó que la joven murió por "compresión cervical". La adolescente fue hallada sin signos vitales entre los asientos delantero y trasero de un Fiat Duna, con una soga anudada a su cuello.

El MPF señaló que el accionar de los acusados “fue vil, fue causar sufrimiento innecesario a la víctima. No fue una muerte casual, debido a una imprudencia. Fue una muerte buscada”.  La representante del MPF sostuvo también que la muerte fue producida con alevosía, ya que se procuró “la indefensión de la víctima. Para que, de esa forma, ella no tenga posibilidad de defenderse”.

Por su parte, la auxiliar fiscal Ferraris expuso sobre la llamadas realizadas por los acusados en la organización y concreción del hecho. Sobre este punto la auxiliar fiscal citó las palabras de Fernández en la llamada telefónica en la cual se señalaba que tenian "que hacer dormir” a la víctima.

“Es terrible ver la frialdad en la forma en que hablan para organizar lo que hicieron”, sintetizó la auxiliar fiscal. Durante la exposición, la fiscalía contó con distinto material gráfico para visualizar los elementos de prueba.

El tribunal dispuso de un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del 1° de diciembre a las 12.30, en la cual alegará la defensa.

Los hechos

De acuerdo con la acusación, entre el 20 y el 21 de noviembre del 2018 Fernández y Cortez llevaron adelante junto a otras personas no identificadas el secuestro extorsivo que terminó con la vida de X.M.M.M. La víctima fue interceptada a la salida de su escuela, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, alrededor de las 17.15 del 20 de noviembre.

Posteriormente, los acusados la privaron de su libertad y la ocultaron mientras efectuaron múltiples contactos telefónicos a la madre de la joven exigiendo el pago del rescate por un monto de 30 mil pesos y 30 kilogramos de sustancias estupefacientes. "Patri, la tenemos a tu hija", había afirmado uno de los captores en una de las llamadas.

Por la medianoche, la madre de la víctima concretó el pago del rescate (debajo de la rueda trasera de un auto que estaba estacionado de forma contigua a un contenedor de basura) en el cruce de las calles Chiclana y Avenida Boedo. Luego de que diera aviso a los captores que había realizado el pago del rescate, Cortez habría tomado la bolsa con el dinero y los captores se retiraron del lugar en el Fiat Duna.

La detención de los acusados se concretó durante la madrugada cuando intentaba evadir un control vehicular de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Ituzaingó. La víctima fue hallada sin signos vitales en el interior del vehículo y luego trasladada a un centro de atención primaria de Ituzaingó, en el cual se confirmó la muerte.

En el vehículo también fueron hallados distintos elementos relevantes para la concreción del crimen. Entre ellos, una baqueta de madera símil percusión, cuerdas, restos de un rollo de cinta de embalar, trozos de precintos, una pistola de 9mm con ocho cartuchos de bala, un bidón de 5 litros con nafta y una cuchilla con hoja de metal de 15 centímetros, entre otros.