La Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), encabezada por el fiscal Gabriel de Vedia, elaboró su informe de gestión sobre el período 2015-2016. Las cifras volcadas en el documento dan cuenta de 730 investigaciones preliminares, de las cuales 429 fueron iniciadas a raíz de denuncias de la ANSES y 301 por presentaciones y/o remisiones efectuadas por otras dependencias judiciales, organismos públicos o particulares. Además se recibieron 674 pedidos de colaboración por parte de fiscalías federales de distintos puntos del país, nacionales, locales y procuradurías.

Las causas más relevantes

La Ufises hizo un relevamiento de las causas más relevantes iniciadas en el período, entre las que se cuentan investigaciones sobre: el cobro indebido de pensiones honoríficas de Malvinas -en la que se pudo determinar la existencia de varios sujetos condenados, procesados, y prófugos por delitos de lesa humanidad, que se encontraban percibiendo indebidamente un beneficio por su participación en el conflicto bélico-; el cobro indebido de jubilaciones de privilegio por parte de ex funcionarios de la dictadura; las jubilaciones también indebidamente cobradas por extranjeros en las provincias de Formosa y Misiones -a través de dos pesquisas, la Unidad Fiscal detectó la existencia de un grupo de gestores y abogados que tramitaban jubilaciones apócrifas a ciudadanos de nacionalidad paraguaya, brasilera, uruguaya, alemana, polaca, entre otras-; y las infracciones al régimen penal tributario por delitos como evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y apropiación indebida de recursos, que obstaculizan “el acceso a una cobertura adecuada por parte de todos los miembros de la comunidad” -por las que hay 170 actuaciones en trámite- y antes no eran contemplados “pese a que abarcaban específicamente la especialidad de la UFISES”.

Ayer y hoy

En el documento se destacó que en diciembre de 2014 la “Procuración General de la Nación dio el primer paso para enriquecer la actuación de la Unidad”, por medio de una resolución por la cual resolvió ampliar su objeto “y plasmar la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario”.

En ese sentido, el informe  recalcó el Convenio Marco de Colaboración suscrito con la ANSES. Allí se consideraba necesario que la unidad “incluya, además de las cuestiones propias del derecho penal y procesal penal, aquellas problemáticas vinculadas a aspectos administrativos, operativos y funcionales necesarios para obtener un conocimiento integral de los principios y regulaciones vinculadas con las prestaciones sociales y a los fondos públicos que conforman el sistema previsional”.

Antes, “el rol de la Unidad se encontraba algo limitado, ya que la mayor parte de su actividad dependía de las denuncias que realizaba el organismo previsional y no existían otras investigaciones tendientes a detectar maniobras ilícitas”, explica el reporte.

Problemas detectados

Por otra parte, se advirtió que muchas de las funciones que habían sido asignadas a la UFISES desde su creación en 2002 “no estaban siendo cumplidas o sólo se ejecutaban en forma esporádica (por ejemplo: era evidente la falta de elaboración de programas de prevención de delitos, la insuficiencia de capacitación tanto externa como interna, la ausencia de coordinación con los representantes de las Fiscalías actuantes ante el fuero Federal de la Seguridad Social, etc.)”.

Relación con la comunidad y acceso a la justicia

“Desde la UFISES creemos que uno de los mejores métodos para disminuir la cantidad de delitos consiste en la realización de campañas de prevención y concientización”, indicó finalmente la Unidad a cargo de de Vedia. Al respecto, hizo un repaso de los cursos organizados por la UFISES y las capacitaciones presenciales y a distancia, dirigidas tanto al interior como para el exterior del Ministerio Público Fiscal.  Además, resaltó el trabajo articulado con el “Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) dependiente de la Procuración General de la Nación”, para “abordar aquellas cuestiones vinculadas a la cobertura de las contingencias sociales de los sectores más vulnerables”.