10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Avanza en Chaco la investigación sobre la matanza de miembros de pueblos originarios en 1924
Masacre de Napalpi: un investigador narró el contexto histórico, político y social
Pedro Solans, autor de un libro sobre el caso, explicó cómo la Policía del entonces Territorio Nacional y civiles armados por el Estado concretaron la agresión a integrantes de la reducción aborigen de Napalpi, quienes reclamaban el cumplimiento de acuerdos laborales en la incipiente producción algodonera. Investigan si fue un crimen de lesa humanidad.

Los fiscales del Chaco Carlos Amad, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Diego Vigay recibieron declaración testimonial al periodista y autor de un libro sobre la Masacre de Napalpi Pedro Solans, en el marco de la investigación preliminar dirigada por la fiscalía para determinar si constituyó crímenes de lesa humanidad la matanza de integrantes de los pueblos qom y mocoví y paisanos perpetrada el 19 de julio de 1924 en esa localidad del centro de la provincia. "Fue un hecho premeditado, por ende preparado y organizado" por el Estado Nacional, precisó el investigador. Solans, de 55 años, es autor de Crímenes de sangre (Ed. Bulevar, Córdoba, 2007), resultado de una investigación histórica -que también fue editada en Chaco y Buenos Aires- para la cual entrevistó a la fallecida sobreviviente de la masacre, Melitona Enrique, quien fue visibilizada públicamente gracias a aquél trabajo.

En su declaración realizada en la sede de la fiscalía el viernes pasado, Solans realizó a pedido de los representantes del Ministerio Público un análisis de la realidad económica, política y social de lo que hacia las primeras décadas del siglo pasado era el Territorio Nacional del Chaco. Explicó que "la producción de la materia prima en ese tiempo movilizaba una de las industrias básicas del sistema capitalista", que fue "la industria textil, que demandaba algodón por fuera de los grandes abastecedores". De esa manera, indicó, "se ponía fin a la campaña militar denominada al Desierto del Norte por la cual se extendía la frontera agropecuaria y se le daba la bienvenida a la producción industrial algodonera".

Solans señaló que las denominadas reducciones aborígenes, es decir, el confinamiento de los sobrevivientes de las comunidades perseguidas en la "Campaña del Desierto", "tuvieron como fin incluir a las tribus de los pueblos originarios al sistema capitalista como mano de obra barata para que se pueda cumplir con la ecuación básica de dicha producción".

El investigador recordó que la reducción de Napalpi fue "pionera" y remarcó que estuvo bajo dominio del Estado Nacional, dado que por entonces el Chaco aún no era provincia. "En el caso de Napalpi, el acuerdo que se había realizado con los peones rurales aborígenes era que se establecieran en la reducción y aprendieran a recolectar el algodón y a cambio iban a recibir una paga y se le otorgaba un lugar para vivir", explicó, y puntualizó que "la crisis se desata por el desajuste y la inviabilidad de esa unidad comunitaria como unidad productiva y por la corrupción que se enquista en las reiteradas administraciones que hubo".

Solans informó que los líderes de los pueblos originarios denunciaron ante la administración el incumplimiento de los acuerdos, a punto que "el deterioro de las relaciones llegaron a degradar el trabajo supuestamente remunerado a una virtual esclavitud, constatándose que los pagos no se realizaban, que a veces se canjeaba por mercadería, que los horarios de trabajo no se cumplían por parte de la administración, que se les prohibía el libre movimiento por la provincia, por ejemplo para que no se vayan a la zafra en la provincia de Salta".

"Eso provocó que dejaran de trabajar y el consecuente reclamo de los colonos que actuaban como acopiadores o intermediarios de la producción de la reducción", agregó el investigador.

En ese sentido, explicó que "la Masacre de Napalpi fue un hecho premeditado, por ende preparado y organizado con la participación de la Policía del Territorio Nacional del Chaco, de civiles colaboradores en la logística y con civiles que participaron ostentando un carácter que se lo daba el estado denominándolos gendarmes volantes". En efecto, dijo, "a los civiles se le proveyó de armas como winchester y carabinas mausers 1909 del Ejército Argentino" y agregó que "un día antes arribó un tren proveniente de Resistencia con ochenta policías a Machagay y desde Quitilipi salió un cuerpo de vecinos y efectivos, con la colaboración de una aeronave provista por el Aeroclub Chaco, con todo ello se llevó a cabo la matanza".

Solans destacó que la agresión se produjo "durante varias horas" el 19 de julio de 1924 cuando "los peones rurales aborígenes no habían salido a trabajar y estaban en sus fiestas ancestrales".

El autor de Crímenes de sangre aportó además a los fiscales el registro fílmico de su entrevista a Melitona Enrique, en la que la sobreviviente -traducida por sus hijos- rememoró los detalles de las masacre.

La investigación

La Investigación preliminar llevada adelante por la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Chaco, se inició con el testimonio de Pedro Balquinta, un hombre de alrededor de 107 años de edad que sobrevivió a las masacres de Napalpi y El Zapallar (1933).

Desde que se inició la pesquisa se incorporaron a la causa, además de la de Solans, los trabajos realizados por los periodistas e historiadores Mario Vidal, autor del libro Napalpi; La herida abierta; Carlos Alberto Díaz, autor de El Año de la Masacre; Graciela Elizabeth Bergallo, autora de Ntonaxac. Danza en el viento, Memoria y Resistencia Qom, capítulo Memorias de Napalpi; y Héctor Hugo Trinchero, autor de Las masacres del olvido. Napalpi y Rincón Bomba en la genealogía del genocidio y el racismo de Estado en la Argentina.

Cada una de las investigaciones se basan en un cúmulo de fuentes documentales como publicaciones de la época, el expediente administrativo de la Policía Nacional de Territorios Nacionales, notas administrativas, una sesión de interpelación de la Cámara de Diputados de la Nación y el expediente judicial.

Desde la Unidad Fiscal informaron a Fiscales que la causa avanzará con los pedidos de los legajos de funcionarios públicos, oficiales y agentes de la Policía de Territorios Nacionales y del Ejército, de acuerdo al listado surgido de las investigaciones incorporadas. También, se solicitó el expediente judicial de la época y la incorporación de fotografías de la Reducción Napalpi del mismo año 1924 tomadas por el antropólogo alemán Robert Lehman Nietsche, además de una serie de testimonios de descendientes de sobrevivientes.