La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín debe tratar el recurso formulado por la Fiscalía Federal de Moreno contra la resolución del Juzgado Federal de esa ciudad que se había declarado incompetente en una acción de amparo impulsada por la misma fiscalía para que cese el daño ambiental en un extenso predio del Estado Nacional ubicado en la localidad Cuartel V de ese distrito del oeste del conurbano.

La Fiscalía Federal de Moreno, a cargo de Leonardo Filippini, inició la demanda el 13 de septiembre pasado porque el predio se encuentra afectado por la presencia de basurales a cielo abierto. El extenso inmueble se encuentra bajo jurisdicción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la VII Brigada Aérea Mariano Moreno de la Fuerza Aérea, pero también conviven otras agencias y usos estatales.

Además de la base militar, están emplazados un aeródromo que actualmente no está habilitado y un helipuerto sujeto a la fiscalización de la ANAC; se colocó una señalización de memoria del terrorismo de Estado; hay parcelas afectadas al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); se proyecta concretar una obra de infraestructura a cargo de la empresa AySA; y fue anunciada la construcción de un parque logístico de carga y un aeropuerto de uso civil.

El juez federal subrogante de Moreno, Adrián González Charvay, se declaró incompetente el 18 de octubre pasado. Sostuvo la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional -es decir, que en este caso no puede ser demandado por la pretensión formulada por la fiscalía- y entendió que el proceso debía integrarse exclusivamente con la Municipalidad de Moreno.

Sin embargo, la resolución reconoció “la existencia de una problemática compleja en la zona”, pero consideró que esta “no se circunscribe al ambiente en sí mismo considerado (singularmente en la figura de los 'basurales a cielo abierto') sino que también involucra otras situaciones diversas (como ser, v.gr., las cuestiones relativas a la custodia y preservación de tierras del dominio del Estado Nacional, ocupaciones posiblemente irregulares, situaciones habitacionales de la población civil, acceso al agua potable, etc.), que no podrían resultar contenidas, por definición, en el marco de la acción intentada”.

El 20 de octubre el fiscal Filippini interpuso el recurso de apelación contra esa decisión, que fue concedido y se encuentra a consideración de la sala II de la Cámara Federal de San Martín.

La acción de amparo

Antes de presentar la acción de amparo, la fiscalía instó a todas las agencias estatales involucradas a solucionar el problema. Frente al fracaso de esas diligencias, decidió promover la demanda para que se adopten una serie de medidas dirigidas a regularizar la situación y hacer cesar el daño ambiental resultante, tales como:

• La instalación de un dispositivo de control perimetral eficaz que impida nuevos ingresos y el vertido de residuos en la propiedad del Estado Nacional.
• El bloqueo de los caminos irregulares de acceso y operación de vehículos en el predio.
• El inicio o la reanudación inmediata de los trabajos de cercado, señalización y limpieza correspondientes.
• El incremento de la fiscalización municipal de las zonas afectadas y la activación de los procedimientos correspondientes a las faltas municipales denunciadas.

Antes de presentar la acción de amparo, la fiscalía instó a todas las agencias estatales involucradas a solucionar el problema. Frente al fracaso de esas diligencias, decidió promover la demanda para que se adopten una serie de medidas dirigidas a regularizar la situación y hacer cesar el daño ambiental.

Basurales a cielo abierto

Según explicó la fiscalía en la demanda, al menos desde 2017 existen distintos basurales a cielo abierto dentro del predio y en varias zonas linderas.

De acuerdo con la fiscalía, estas acumulaciones de desperdicios son consecuencia del vertido continuo e irregular de desechos por parte de personas vecinas, que ingresan por caminos precarios e irregulares que conducen a varios puntos de vertido ubicados en su interior.

El MPF puso de relieve que esta situación es pública y notoria, pues ha sido reportada por medios periodísticos, consta en documentos oficiales y ha motivado, al menos, dos denuncias penales formuladas por las autoridades de la VII Brigada Aérea Mariano Moreno.

Sin embargo, el problema y el evidente daño ambiental asociado a la presencia de residuos en zonas no habilitadas, ni preparadas para recibirlos, persisten y se agravan con el paso del tiempo, señaló la fiscalía en la acción de amparo, y remarcó que es la consecuencia de falencias compartidas por el Estado Nacional y el Municipio de Moreno.

En tal sentido, sostuvo que la multiplicidad de actores y destinos asignados a los terrenos no han alcanzado para garantizar la observancia de los elementales deberes de conservación y resguardo que pesan sobre los administradores de bienes públicos.

En efecto, la fiscalía enumeró diferentes aspectos que concurren en la situación planteada:

• El predio carece de una defensa perimetral completa, no tiene guardia permanente y no cuenta con controles eficaces respecto de su integridad, ni mecanismos de respuesta responsables, activos y diligentes para la preservación del espacio.
• Las sucesivas usurpaciones registradas apenas motivaron el cavado de zanjas para delimitar parte de su perímetro.

Al respecto, la fiscalía remarcó que estas omisiones han facilitado que el predio sea intrusado en reiteradas oportunidades y que los residuos se acumulen en sectores cercanos a la pista de aterrizaje, hoy en desuso, y sobre parcelas bajo jurisdicción de la ANAC.

De  acuerdo con la presentación del MPF, las autoridades municipales toleran o no logran impedir esas prácticas y no consiguen gestionar adecuadamente los residuos en la zona, y tampoco han respondido a los requerimientos formulados a través del tiempo por distintas agencias estatales para remediar la situación.

El mapa del extenso predio

Fuente: Fiscalía Federal de Moreno