El titular de la Fiscalía Federal de Hurlingham y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich y los auxiliares fiscales Ignacio Rueda y Eduardo Suárez solicitaron al juez Jorge Ernesto Rodríguez -a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón- la elevación a juicio de la investigación seguida contra seis hombres acusados de integrar una asociación ilícita que perpetró el secuestro extorsivo de un carnicero el 23 de noviembre pasado en la localidad bonaerense de Hurlingham.

El pedido recae sobre Cristian Galarza y Juan José López, quienes estaban detenidos en la Unidad N°46 de San Martín del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (SPB), desde donde -de acuerdo a la pieza acusatoria- impartían directivas a Luciano Galarza -padre de Cristián-, Juan Carlos Farías, Javier Sebastián Lanchi y Alfredo Aquiles Martínez. La fiscalía les imputó el haber formado parte, al menos, desde noviembre pasado y hasta el 16 de diciembre -cuando fueron detenidos- junto con, al menos, dos sujetos más "de una comunidad criminal dedicada a cometer distintos delitos contra la propiedad y las personas, de manera organizada, mediante acuerdo previo y con permanencia en el tiempo”. En la investigación se estableció que los Galarza, junto a Farías, López y Lanchi estaban planeando cometer nuevos crímenes.

En su presentación, los representantes del MPF también requirieron que Cristián Galarza, Farías, Lanchi, López y Martínez vayan a juicio como coautores del secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate y por la cantidad de intervinientes, y por el robo agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda. La misma medida solicitaron respecto a Luciano Galarza, quien deberá responder como partícipe secundario.

Finalmente, requirieron que Lanchi fuera sometido a juicio como autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en virtud del hallazgo en su poder de una escopeta tipo “tumbera” y un revolver Taurus calibre 38 especial, junto a cartuchos calibre °14”, “22” y “38”, durante el allanamiento realizado en su vivienda el 16 de diciembre pasado.

El caso

De acuerdo con la investigación, el 23 de noviembre pasado por la tarde la víctima caminaba desde su vivienda hasta su local comercial, cuando fue abordada por dos hombres que, tras encañonarlo con un arma de fuego, la obligaron a subir a la parte trasera de un automóvil Fiat Siena, en cuyo interior se encontraban otros dos sujetos.

Una hora después, como el comerciante no había llegado a la carnicería, uno de sus empleados avisó tal circunstancia a sus familiares.

Tras circular 25 minutos, los secuestradores llegaron a una vivienda de la localidad de Trujuy, en el partido bonaerense de Moreno, donde ataron al hombre -de pies y manos- con cinta adhesiva, y lo encapucharon. La víctima describió esos hechos en el caso y declaró que pudo observar la presencia de un quinto hombre, que se desplazaba en silla de ruedas. Señaló que, en paralelo, y previo despojarla de un manojo de llaves, Martínez fue al local comercial y sustrajo el dinero de la recaudación de ese día.

El comerciante añadió que, posteriormente, los captores lo obligaron a comunicarse con sus familiares, a quienes le exigieron un rescate de 3 millones de pesos, aunque luego bajaron sus pretensiones. Explicó que, al cabo de unas horas, los secuestradores volvieron a subirlo a un automóvil y que comenzaron a circular con dirección a la avenida General Paz y la autopista Panamericana, seguidos por un Peugeot 504 negro con detalles fucsia.

Finalmente, la familia entregó un rescate menor al solicitado, tras lo cual -alrededor de la 01.00 de la mañana del 24 de noviembre- la víctima fue liberada en las inmediaciones de la Ruta 4 y Camino de la Ribera Sur, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

La pesquisa, desarrollada por la Fiscalía Federal de Hurlingham junto a la UFESE y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón de la Policía Bonaerense, permitió individualizar a cinco de los acusados. Tras el análisis de las comunicaciones y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona, se determinó que Cristian Galarza y López estaban alojados en la Unidad N°46 de San Martín del SPB, desde donde planificaron el hecho -mediante teléfonos celulares que tenían a disposición-, daban instrucciones y coordinaron el secuestro y el cobro del rescate. Además, Luciano Galarza los asistía extramuros. Días después se logró individualizar a Martínez como el responsable de entrar al local comercial de la víctima y robar la recaudación mientras el hombre se encontraba en cautiverio.

En enero pasado, el juez federal Rodríguez procesó con prisión preventiva a cinco de los implicados y, días después, al restante involucrado y trabó embargos sobre sus bienes. La medida fue recurrida por las defensas ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, pero los integrantes de la Sala II de ese tribunal, Alberto Agustín Lugones y Néstor Pablo Barral, confirmaron el decisorio.

En base a las pruebas recolectadas en la investigación, el fiscal Marquevich y los auxiliares fiscales Suárez y Rueda requirieron la elevación a juicio parcial de la investigación, que continua a fin de individualizar a otras personas implicadas.