Mañana, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, comenzará el juicio contra María Laura Spoturno, quien llega acusada por dos hechos: tenencia con fines de comercialización y guarda de elementos destinados a la fabricación de estupefacientes. La parte acusadora estará en cabeza del fiscal general José Ignacio Candioti, quien ofreció 16 testigos que declararán a lo largo de las tres jornadas estipuladas para que se desenvuelva el proceso.

Spoturno es la esposa de Elbio Gonzalo Caudana, quien ya se encuentra en prisión luego de que fuera condenado el 10 de mayo de 2011 como autor material y responsable del delito de transporte y comercialización de estupefacientes en concurso real, a la pena de seis años de prisión y multa por mil pesos. A la vez, se lo había declarado reincidente.

En el caso de Spoturno, el primer hecho por el que se la juzgará ocurrió cuando, el 30 de agosto de 2013, la Policía Federal advirtió que la mujer entregó un kilo y medio de cocaína de máxima pureza a María Inés Tomaselli para que esta última los comercializara en las calles de Paraná. Por este suceso, a su vez, Tomaselli fue condenada en diciembre del año pasado a la pena de 4 años y dos meses de prisión.

Mientras tanto, el segundo hecho por el que llega acusada Spoturno tuvo lugar el seis de septiembre de 2013, tras un allanamiento en su domicilio donde se le secuestraron precursores químicos, una prensa hidráulica, anafes para cocinar cocaína, garrafas con quemadores, tubos cilíndricos que sirven de moldes para las “tizas” de cocaína y cinta para embalar la sustancia, entre otros elementos.

Todo esto sucedió cuando la esposa de Caudana estaba cumpliendo prisión domiciliaria en su hogar, debido a una condena de cinco años y seis meses de prisión por tráfico de estupefacientes, dictada en el 2011.

La imputada llega al debate oral detenida en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná. Previamente, los jueces del tribunal -Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros- le habían negado la excarcelación en atención a lo que había dictaminado el representante del MPF, “en razón de existir razones objetivas para sostener que su liberación constituía un riesgo para la celebración del debate, puesto su ostensible comportamiento contrario a cumplir las obligaciones impuestas por la justicia como reglas de conducta a su cargo”.