El fiscal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°4 -a cargo de los jueces Nestor Costabel, Patricia Mallo y Mario Pose- que se condene a 4 años de prisión al presidente de la Casa de la Moneda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, Nelson Julio López del Carril, por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de coautor". Por ese mismo delito, pidió un año y medio de prisión para los ex gerentes de la entidad Marcelo Leonardo Gómez y Fernando Carlos Moroni.

El 31 de octubre de 2000, el futbolista Diego Armando Maradona cumplió 40 años. Para festejar ese acontecimiento, la Casa de la Moneda decidió lanzar una edición "homenaje" al deportista de 1.700.600 monedas con su respectivo "packaging". En una cara, "El 10" besaba la Copa del Mundo de México '86; en la otra, el futbolista sonreía.

El fiscal dio por probado que López Del Carril, Gómez y Moroni tuvieron "un interés distinto al de la Administración Pública" al contratar en noviembre de 2000 a la firma DODICI S.A. para que se encargara de parte de las actividades con relación a las monedas y que la beneficiaron "en desmedro de la Casa de la Moneda".

En el contrato, la empresa le encomendó al ente público la acuñación y la elaboración de los estuches, para que luego la firma pudiera comercializarlas. Los pagos a proveedores y las materias primas necesarias para la confección del "packaging" serían abonados por DODICI.

No obstante, varios materiales necesarios para la confección fueron adquiridos por la propia Casa de la Moneda, lo que produjo una "erogación de 473.974,40 pesos". Gran parte de estos gastos consistieron en el pago a la empresa ADHPEL S.A. por la compra de 2 millones de estuches.

"La falta de análisis crediticio y capacidad de pago" de la empresa se hizo evidente cuando el 28 de diciembre de 2000, la firma anunció su concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº3. "A pesar de dicha presentación, López del Carril, Gómez y Moroni, continuaron avalando la entrega de monedas terminadas a DODICI SA hasta, al menos el 29 de enero de 2001", sostuvo Luciani.

El fiscal pidió, además, que a López del Carril, Gómez y Moroni se les fije la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que deban pagar los tres las costas del proceso. El Tribunal estableció que el lunes 19 de mayo las defensas de los tres imputados hagan su alegato. Luego de esto, los jueces estarán en condiciones de anunciar la fecha de dúplicas y réplicas, las últimas palabras y la lectura de sentencia.

El otro caso de López Del Carril

En este mismo debate se juzga al ex funcionario por la "irregular aprobación" de un convenio de pago con la empresa suiza DE LA RUE GIORI por la reparación de tres máquinas de la Casa de la Moneda. El convenio se habría aprobado el 20 de diciembre de 2000 mediante la ilegal utilización del derecho al voto doble que tenía por ser presidente del Directorio. En el organismo existía una oposición al contrato debido a que los trabajos no estaban terminados y, por ende "no existía deuda pendiente" como informó en aquél momento el Área de Ingeniería de Planta de la Casa de la Moneda.

Para Luciani, este delito también se encuadra en el tipo "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265 del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45 del Código Penal)".

Otro ex presidente de la Casa de la Moneda, a juicio

Esta semana, el Tribunal Oral Federal N°4 con su conformación habitual (Nestor Costabel, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia) estableció la fecha de inicio para otro juicio que involucra a un ex presidente de la Casa de la Moneda. El 26 de septiembre de este año, Armando Gostanián, titular del organismo durante el menemismo, será juzgado por delitos de corrupción durante su gestión. En esta causa también intervendrá Diego Luciani, a cargo de la Fiscalía Nº1 ante los Tribunales Orales Federales.

Gostanián está acusado del delito de "peculado" por el presunto pago de sobreprecios a la empresa alemana "Atlantic Zeiser" para la compra de equipos y repuestos de máquina numeradoras de billetes. Se habrían desembolsados entre el 40 y 50 por ciento adicionales en cinco compras y el perjuicio para el Estado se calcula en 1.215.205,42 dólares.