La fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación que declaró mal concedido un escrito presentado oportunamente por el fiscal general ante el tribunal de alzada en lo Penal Económico, Ramiro Rodríguez Bosch, contra la resolución de la Sala B de la Cámara Penal Económico que había declarado la prescripción de la acción penal y sobreseído a Claudio Uberti del delito de contrabando.

Se trata de los hechos ocurridos en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Guido Alejandro Antonini Wilson a bordo del avión de la empresa Royal Classs proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela, contratado por la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), habría intentado ingresar la suma de 790.550 dólares, omitiendo realizar la correspondiente declaración aduanera. Claudio Uberti, entonces a cargo del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), fue quien habría autorizado al empresario venezolano a abordar el vuelo.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación era arbitraria y entendió que el recurso de su colega contenía los requisitos formales exigidos y se encontraba “perfectamente fundado”.

Gabriela Baigún consideró que: “Al declararse mal concedido el recurso en un momento en que ya no se podía expedir de esa manera toda vez que había precluído la etapa, la decisión provoca como efecto inmediato la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y acceso a la jurisdicción, al no haberse producido el debate en casación, con lo cual el interés público representado por el Ministerio Público en esta instancia quedó en estado de indefensión y privado del acceso a la jurisdicción, privado de justicia”.

El recorrido de la causa

La investigación estuvo en manos del Juzgado Penal Económico Nº 2. El juez no había hecho lugar a la excepción de falta de acción ni a la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa del imputado. Así las cosas, esa resolución fue recurrida y la Sala B de la Cámara Penal Económico fue quien resolvió declarar extinguida por prescripción la acción penal y luego sobreseyó a Claudio Uberti.

Ahora bien, frente a esta decisión el fiscal general interpuso un recurso de casación, considerando que la acción que se estaba investigando debía encuadrar en lo que sería el delito de contrabando. Por ello, afirmó que no estaba prescripta la causa ya que no habían pasado el máximo de la pena prevista para este tipo de delito, que es de diez años.

La causa siguió su curso y en agosto de 2012 entró en casación y fue allí que la Fiscalía a cargo de Baigún solicitó una fecha de audiencia de debate que no fue contestada.

Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal  resolvió declara mal concedido el recurso, presentado por el Fiscal General, y fue allí donde la fiscalía a cargo de Baigún interpuso un recurso extraordinario.