En línea con lo requerido por el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Eugenio Simón, el juez federal N°1 de esa jurisdicción, Guillermo Molinari, ordenó el decomiso anticipado de los bienes incautados en una causa por lavado de activos donde dispuso el sobreseimiento por prescripción de un hombre.

La causa se inició el 24 de marzo de 2017 cuando Gendarmería Nacional detuvo a una camioneta VW Amarok conducida por un hombre y su pareja, quienes provenían de la provincia de Buenos Aires con destino a Orán, en Salta. El imputado transportaba un bolso con 2.149.738 pesos y 143.900 dólares.

El MPF requirió la instrucción por la comisión del delito estipulado en el artículo 303 inciso 3 del Código Penal donde se prevé una pena de hasta tres años para la persona que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de realizar alguna operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito. En la indagatoria, el imputado manifestó que el dinero le pertenecía a un amigo y que este era titular de la empresa “LAS PALMERAS S.R.L.” que tiene como objeto social la comercialización de frutas y verduras en Orán. Sin embargo, esta persona jamás se presentó reclamando la devolución de las sumas incautadas.

De acuerdo a las inspecciones de AFIP incorporadas a la causa, ni la persona mencionada ni la empresa tienen capacidad económica-financiera para tener legalmente la cantidad de dinero secuestrada. Además, no se informaron registros de operaciones de cambio por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Tras años de investigación, se acreditó que el dinero provenía de fuente ilícita, lo que habilitó al MPF a solicitar su decomiso. En el dictamen fiscal, se valoraron tanto las recomendaciones esgrimidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos que elaboró la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) con el objetivo de solicitar el decomiso anticipado de los bienes.

El juez federal hizo lugar a la medida, por lo que la resolución se convirtió en el primer antecedente jurisprudencial en Santiago del Estero con respecto a esta temática y constituye un primer paso en la lucha hacia el recupero de los activos provenientes de los ilícitos penales. Actualmente tanto el secretario y coordinador del Área de Criminalidad Económica, Pedro Basbus Turk, como la titular de la Dirección de Recupero de Activos de la Procuración, María del Carmen Chena, se encuentran trabajando para instrumentar el decomiso.