En línea con el dictamen del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero Pedro Simón, el juez federal de esa jurisdicción Sebastián Diego Argibay procesó sin prisión preventiva el viernes pasado a seis imputados por integrar una organización criminal que se dedicaba a evadir impuestos mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto que habría alcanzado los 800 millones de pesos. Además, el titular del Juzgado Federal N°2 de esa provincia ordenó el embargo de bienes por sumas que superan los dos millones de pesos.

De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, los imputados fueron señalados como responsables por los delitos de cohecho, asociación ilícita tributaria, evasión doblemente agravada y defraudación en perjuicio de la administración pública. La organización estaba liderada por un contador y tres de sus integrantes cumplían funciones en la Delegación Santiago de Estero de la Dirección General Impositiva (DGI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El caso

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Simón con intervención del secretario Pedro Basbus Turk- se inició en diciembre de 2019, tras una denuncia que realizó la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la AFIP, Dirección Regional de Tucumán. Allí sostuvo que existía una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido una suma aproximada de 800 millones de pesos en concepto de saldo a ingresar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias.

La fiscalía imputó en el caso 14 "usinas apoc" (denominadas así por el uso de las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria. A través de los peritajes -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA) Dirección Regional Tucumán y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero- al teléfono celular del jefe de la organización se hallaron conversaciones entre este y funcionarios del fisco nacional.

Luego de un exhaustivo análisis llevado a cabo por el Ministerio Público Fiscal, se detectó la existencia de un sistema de retribuciones monetarias indebidas, por las que el contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la AFIP a fin de que estos levanten embargos, descarguen juicios sin pago de la deuda y permitan la inscripción de empresas “fantasma” al único fin de emitir comprobantes apócrifos.

La maniobra delictiva involucraba pagos en efectivo, realizados por el contador y en ocasiones por intermediarios, en la Agencia de la AFIP y en los domicilios particulares de los funcionarios. Asimismo, la entrega de dinero también se hizo a través de cheques librados por una usina comandada por el contador hacia la persona que prestaba su cuenta bancaria a la funcionaria y los funcionarios del ente recaudador, a fin de ocultar el cobro de estas sumas ilícitas.

La funcionaria procesada, quien prestaba servicios en la sección de recaudación, junto a dos empleados más, uno de la sección recaudación -recientemente jubilado- y otro de la sección jurídica, “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo o tras el desembolso de vastas sumas de dinero de parte del contador. Los pagos individuales para cada una de las personas imputadas alcanzaron 200 mil pesos por cada trámite.

Los tres fueron procesados por el delito de "cohecho pasivo, defraudación en perjuicio de la administración pública y como partícipes de la asociación ilícita fiscal".