Tras la lectura de los requerimientos y autos de elevación a juicio durante las primeras audiencias, celebradas antes del receso por la feria judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal N°3 declaró ayer formalmente abierto el debate oral y público por el "vaciamiento" del Banco Mayo. Durante la jornada, las defensas de siete de los catorce imputados hicieron una serie de planteos: la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella, por la supuesta indeterminación de las conductas delictivas allí descritas, de las indagatorias prestadas durante la etapa de instrucción, la prescripción de la acción penal y la afectación a ser juzgados en plazo razonable, fueron algunos de los cuestionamientos, que ya se habían realizado con anterioridad. La defensora del ex titular del Banco y la DAIA, Rubén Beraja, Valeria Corbacho, insistió en convocar a otros 100 testigos que fueron desistidos. Los demás abogados que hicieron planteos fueron Fernando Díaz Cantón, por el acusado Sergio Kompel; Jorge Álvarez Berlanda, por León Liniado, y la defensa oficial -el más extenso- por José Armando Brotszein, Alberto Elías Laham, Ricardo Tobal y Jaime Yabra.

El traslado para la contestación de los planteos por parte del Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Fernando Arrigo- y la querella del Banco Central se realizará el martes de la semana que viene. También, habrá audiencia el miércoles.

La causa

Durante la etapa de instrucción, se investigó una serie de irregularidades que presentaba el Banco Mayo Cooperativo Limitado. El 9 de octubre de 1998, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió la suspensión total de las operaciones por el término de 30 días. En ese sentido, se consideró que el Banco investigado no había podido revertir la pérdida de sus depósitos, a pesar de los redescuentos, y que la Subgerencia General de Operaciones había informado que ya no era posible otorgar redescuentos para cubrir las Cámaras Compensadoras por falta de garantías para cubrir las asistencias.

Asimismo, el 16 de octubre de 1998 la Asociación Protectora de Suscriptores de Planes de Ahorro –Protección del Consumidor- denunció que una serie de conductas irregulares en el Banco Mayo Cooperativo Limitado habrían llevado a una pérdida de U$S200.000.000 en un mes y medio. A partir de allí, se dio curso a una investigación orientada a la administración, manejo y/o cuidado del Banco que provocó su cierre y liquidación, en perjuicio de su patrimonio, del de sus clientes y del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien había otorgado, en concepto de redescuentos, U$S298.000.000. La calificación legal de los delitos imputados a los acusados son asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, con diversos grados de participación.