Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques solicitaron al juez federal Julián Ercolini que tome indague a 36 personas, en el marco de la causa donde se investiga el posible direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del Grupo Báez. Entre los pedidos a indagatoria se encuentran ex gobernadores de la provincia de Santa Cruz, ex Ministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz; funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz; funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz; y profesionales de empresas del "Grupo Báez".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que a través del pedido a indagatoria buscan esclarecer la responsabilidad de aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, habrían puesto a disposición de la maniobra ilícita sus facultades públicas, y habrían contribuido al “plan criminal que decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo”. También, determinarán “la responsabilidad penal de otros individuos que desde el interior de las empresas "Grupo Báez", colaboraron con el proyecto delictivo a través de su rol contractual como representantes técnicos de "Austral Construcciones" y "Kank y Costilla", particularmente en la estrategia sistemática de incremento de costos y plazos en las obras viales investigadas”.

Para los fiscales existió una “maniobra de corrupción”, por medio de la cual el Poder Ejecutivo Nacional y  organismos de la administración estatal, con intervención en materia de obra pública, montaron  una “organización criminal” orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación “discrecional” de prácticamente el 80% de las obras viales nacionales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por prácticamente 46 mil millones de pesos”.

Del pedido a indagatoria también surge que más del 92% de las obras imputadas, la maniobra se realizó por la actuación coordinada y planificada entre funcionarios nacionales y funcionarios provinciales y quienes se encontraban del lado privado de la contratación esto es: el Grupo Báez y los principales directivos y profesionales que colaboraron desde las diversas empresas del conglomerado societario.

Además serán indagados Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta —ex Gobernadores de la Provincia de Santa Cruz—, Luis Villanueva, Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto Ariel Ivovich, José Carlos Andrés Blassiotto, Edgardo Raúl Valfré—ex Ministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz—, Manuel Ángel Díaz, Guillermo Horacio Cantero, Juan Carlos Cerrato, Daniel López Geraldi, Víctor Paniagua, Juan Gelves, Miguel Salazar, Ernesto Morilla, Orlando Taboada, Roberto Lillo, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio González, Carlos Mancilla, Guillermo Torres, Jorge Pasiecznik, Roberto Perazzo, Facundo Muñoz —funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz—, Angelina Abbona, Carlos Javier Ramos, Mario Roberto Layún, Gastón Pedelaborde, Alice Quinteros, Patricia Álvarez —funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz—, y a José Carlos Pistán y Manuel Parras —profesionales de empresas del GRUPO BÁEZ—. La causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini.

En diciembre de 2017, los mismos representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio –de una parte del expediente-  por el delito de administración fraudulenta de los imputados Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. En el caso de los seis primeros, los representantes del MPF requirieron, también, que respondan por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, otra parte del expediente que comprende un conjunto de catorce imputados —entre quienes se encuentran Martín Báez, Julio Mendoza, Carlos Joaquín Alonso y Sergio Hernán Passacantando— cuya situación procesal se encuentra en revisión por parte de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional con motivo de su intervención en la maniobra desde diversos puestos de la Dirección Nacional de Vialidad y de las empresas del Grupo Báez.