El Tribunal Oral Federal de Tucumán, condenó en un juicio abreviado a cinco personas a penas de entre 5 años y medio y 12 años de prisión por el secuestro extorsivo de un hombre de nacionalidad boliviana, que fue golpeado y torturado durante sus días de cautiverio en marzo de 2022 en la localidad de Las Talitas, y por quien se pedía un rescate de 50 mil dólares que no llegó a pagarse. En representación del Ministerio Público Fiscal, intervinieron el fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg.
A pedido de los representantes del MPF, el juez subrogante Abelardo Basbús -integrante unipersonal del TOF en esta oportunidad-, condenó a José Alberto Alderetes a 12 años de prisión efectiva como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por la pluralidad de intervinientes, y su pena quedó unificada en 15 años, por una condena en curso.
Su hermana, Débora Daniela Alderetes, recibió una condena de 11 años como coautora del mismo delito, mientras que Pablo Darío Coronel y Eduardo Gabriel Juárez fueron condenados a 7 años de prisión en calidad de partícipes secundarios.
Por último, Mercedes Alejandra Alderetes, hermana de los principales acusados, recibió una pena de 5 años y 6 meses como partícipe secundaria del secuestro extorsivo agravado y autora del delito de tenencia simple de estupefacientes, con una pena unificada de 6 años de prisión. Asimismo, se ordenó el decomiso de bienes secuestrados y la destrucción de los estupefacientes incautados.
El caso
La investigación se inició el 21 de marzo de 2022 a partir de la denuncia realizada por el padre de la víctima y su sobrino ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina (PFA). Allí, indicaron que dos días antes tomaron conocimiento del secuestro extorsivo de la mencionada víctima a través de su pareja.
La instrucción del caso estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, quien contó con la colaboración de la por entonces Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE, hoy UFECO). La fiscalía logró acreditar que el 16 de marzo de ese año, el hombre se trasladó desde Bolivia a Argentina, cruzando por el paso internacional Villazón-La Quiaca.
Dos días después, la víctima arribó a Tucumán en horas de la noche y poco después fue interceptada, retenida y trasladada a una vivienda deshabitada en el Barrio 447 Viviendas de la localidad tucumana de Las Talitas. De inmediato, se iniciaron los primeros mensajes extorsivos a través de dos líneas telefónicas con prefijo de San Miguel de Tucumán desde donde contactaron a su pareja y a su madre, residentes en Bolivia. Los mensajes incluían amenazas, fotos y videos de la víctima retenida, visiblemente herida y atada de pies y manos.
Al día siguiente, a través de la aplicación WhatsApp, los captores enviaron un mensaje explícito exigiendo el pago de 50 mil dólares en concepto de rescate, bajo amenaza de continuar con las torturas o incluso terminar con la vida de su víctima, y le indicaron las cuentas bancarias donde debía depositarse el dinero a través de la compañía Western Union a nombre de los ahora condenados Coronel y Juárez.
Después, entre la noche del 23 de marzo y la madrugada del 24, luego de los resultados arribados por la investigación conjunta que llevaron adelante el grupo D2 de la Policía de Tucumán y la División Antisecuestros Norte de la PFA, se concretaron una serie de allanamientos tendientes a la búsqueda de la víctima e identificación y detención de los captores.
La víctima fue finalmente liberada antes de los allanamientos. Esto último motivó la emisión de una alerta amarilla a Interpol, tras lo cual, en colaboración con autoridades bolivianas, se logró encontrar con vida al joven en su país natal el 11 de abril de 2022.
La estructura criminal
En este proceso fue posible identificar los domicilios de los acusados, los lugares de cautiverio de la víctima, los elementos utilizados para torturarlo, y se hallaron restos biológicos que permitieron el cotejo de ADN con su padre, junto con material estupefaciente secuestrado en el domicilio de residencia de Mercedes Alderetes.
En relación a la actividad desplegada por cada uno de los acusados en el hecho, los imputados destacaron que José Alberto Alderetes fue uno de los líderes operativos del grupo. Desde ese rol, habría sido la persona encargada de coordinar el secuestro, supervisar las tareas de retención de la víctima y quien de propia mano torturó al joven, algo confirmado al analizar las imágenes y videos enviados a los familiares de la víctima.
Dentro de esa misma estructura, Débora Daniela Alderetes fue la otra persona a cargo de impartir directivas, encargarse de la logística del hecho criminal y emitir los mensajes extorsivos a las víctimas pasivas. Asimismo, señalaron que el aporte de Pablo Darío Coronel y Gabriel Eduardo Juárez implicó una contribución significativa al intento de consumar el objetivo económico del grupo criminal, ya que al permitir el uso de sus cuentas, generaron una vía segura para que los captores pudieran recibir al dinero -algo que no sucedió-, limitando el riesgo de exposición del grupo criminal durante la transacción. Por otra parte, la existencia de varias cuentas bancarias disponibles mostraba una estrategia premeditada para asegurar el acceso al dinero.
Por último, se consideró que Mercedes Alejandra Alderetes actuó bajo las órdenes de los autores principales, ya que residía en el mismo domicilio que ellos, donde también estuvo cautiva la víctima y tuvo una colaboración operativa en el mantenimiento del plan criminal. En su caso particular, además le adjudicaron la tenencia de cinco cápsulas que contenían 38,7 gramos de clorhidrato de cocaína.