08 de agosto de 2022
08 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Intervienen el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola.
Vialidad: declararon un ex funcionario de la Coordinación General de Licitaciones y una empleada de la Subgerencia de Convenios
Roger Emanuel Botto, quien trabajó en Vialidad entre 2016 y 2019, explicó los procedimientos para la adjudicación de licitaciones, mientras que Andrea González testificó acerca de la burocracia en relación con los convenios de la obra pública.   

Un testigo que estuvo a cargo de la Coordinación General de Licitaciones y Contrataciones de la Dirección Nacional de Vialidad y una empleada de la Subgerencia de Convenios del mismo organismo prestaron declaración ante el Tribunal Oral Federal N°2, en el marco de una nueva audiencia virtual del juicio oral seguido a la vicepresidenta Cristina Fernández y una docena de ex funcionarios y empresarios por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Primero fue el turno de Roger Emanuel Botto, quien describió su actual situación laboral como “consultor independiente”. Explicó que previo a su ingreso a Vialidad, donde se desempeñó entre 2016 y 2019, había trabajado en una pequeña empresa, en una consultora de economía y ocho años en la empresa Abertis Infraestructuras. Añadió que hizo dos años de consultoría por su cuenta.

En relación a sus tareas dentro del organismo público, señaló: “Las funciones eran asistir al administrador general en todos los procesos licitatorios de obra pública y contrataciones de bienes y servicios”. Agregó que, a su ingreso,  "se formó la Coordinación General de Licitaciones y Contrataciones” y preciso que él “estaba a cargo de esa área” y que allí “se desarrollaba el proceso licitatorio para la contratación de obra pública”.

Sobre estas funciones desarrolló: “Se tomaba la información que venía de las áreas técnicas. Se compaginaba con el pliego general y las condiciones particulares, se hacia la publicación en Internet, para que los oferentes puedan ver las informaciones de forma anónima y simultanea para todos”. En este mismo sentido, profundizó la explicación sobre el proceso que se llevaba adelante en relación a las propuestas de las empresas oferentes y que luego eran finalmente elevadas al administrador general. “Se recibían las ofertas en forma física, se hacia el acto de apertura y se guardaban los documentos. Se hacían las evaluaciones correspondientes, se daba intervención al área técnica por temas complejos, al área legal y luego se enviaba a dictamen de Jurídico. Luego se elevaba al Comité de Adjudicación, que podía recomendar un oferente u otro o desestimar las ofertas. Luego pasaba al administrador general que aprobaba o no aprobaba [la licitación] o la declarada desierta”.

Por otro lado, se refirió al Certificado de Adjudicación necesario para los oferentes en el proceso de licitación y explicó: “Ahora no recuerdo la diferencia entre el Certificado de Adjudicación y el de Contratación. Uno es que el se tiene que presentar con la oferta y la obligación de tenerlo actualizado es del oferente. Claramente podría presentarlo en varias ofertas a la vez porque todavía no hay ninguna obra que comprometa su capacidad. El otro certificado es el que tiene que presentar a la ahora de actualizar porque ese sí compromete su capacidad para ejecutar la obra. Ahí es único. No puede presentar el mismo certificado en tres oportunidades”. Asimismo, el testigo señaló que es obligatoria la presentación del Certificado de Adjudicación en los procesos regidos por la Ley de Obra Pública 13.064 y que debe presentarse antes de la firma del contrato.

Botto se refirió también a los anticipos financieros otorgados por el organismo nacional a las empresas licitadoras y explicó que aquellos “no son uso y costumbre”.  “Hay muchas maneras de que un contratista puede empezar a embarrar la cancha y retrasar la obra. Mientras tanto 'aprovechó que ya cobré el anticipo'”, indicó el testigo.

Por su parte, la testigo Andrea González recordó que ingresó a trabajar en Vialidad Nacional a partir de 2009 en la Subgerencia de Convenios. Explicó que el área en la que trabajaba antes era una División que dependía de la Gerencia de Planeamiento, pero que posteriormente fue restructurada como una subgerencia que depende actualmente de Relaciones Institucionales.

En la ronda de preguntas, la fiscalía -representada por el fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola- le consultó acerca de las tareas del área en el cual se desempeñaba y la intervención de esa oficina en la preparación de los convenios. En este marco, González describió: “Entraban notas, pedidos de convenio de obra, venían autorizados con una nota diciendo el plazo que tenía que tener, el monto y qué obra era. Se confeccionaba el convenio y daba la vuelta por la casa, como se le decía”, en relación a las distintas áreas del organismo que intervenían en el proceso. Agregó que no intervino en la confección de los convenios y señaló que solo se encargaban de la parte administrativa. En tal sentido, señaló que en el área eran cinco o seis empleados y que no realizaban el seguimiento posterior de los convenios. Luego el presidente del tribunal le consultó a la testigo si conocía y si había recibido algún tipo de indicación por parte del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, a lo cual respondió de forma negativa.

Tras la finalización de la declaración de González, se convocó a cuarto intermedio hasta la próxima audiencia a realizarse el martes 30 de marzo.