El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca resolvió que este jueves 2 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se reanude el juicio a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A, imputados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado ejecutado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a sectores civiles. El debate oral había sido postergado a raíz de la pandemia.

En una resolución previa, el Tribunal había dispuesto que las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, con el objetivo de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas. Además, el TOF había hecho alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (...), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En la nueva disposición, el Tribunal rechazó el pedido de la defensa para que se suspenda la audiencia del debate oral en esta causa y sostuvo que “las dimensiones de la sala aseguran el cumplimiento de la distancia social recomendada por la autoridad administrativa entre los concurrentes y se pondrá a disposición de la defensa una sala separada en caso de que solicite reunirse de forma privada con sus acusados, cuyas dimensiones, claro está, permite respetar la distancia mínima. La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.

Las audiencias de debate estarán integradas por una modalidad mixta, ya que también habrá participación por conexión virtual remota para las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa. Interviene en representación del Ministerio Público Fiscal la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Por estos crímenes se encuentran acusados Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú pero falleció antes de llegar a juicio, por lo que se declaró extinta la acción penal en su contra. En el juicio se juzga, entre otros delitos, el homicidio del militante estudiantil David Hover "Watu" Cilleruelo. El militante popular recibió un disparo en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur), en el marco de una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes. Por este crimen se encuentra señalado Aceituno, requerido bajo la calificación de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”.