28 de febrero de 2024
28 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Informe de la Unidad Fiscal de La Plata a nueve años de la desaparición
Buscan a López a partir de cruces telefónicos y chequeo de huellas dactilares
El avance en la comparación de huellas digitales tomadas a NN en distintos lugares y cotejadas con las de bases de datos del Estado permitió la identificación de 98 cuerpos, algunos de ellos por primera vez. Se examinó además un campo ubicado en Corrientes, mientras continúan las tareas para cruzar más de cinco millones de registros telefónicos.

El cotejo de más de 5 millones de registros telefónicos, la comparación de las huellas de cuerpos NN hallados entre 2006 y 2015 en diferentes lugares -con casi cien identificaciones de otros cuerpos en ese período-, la inspección de un campo en Corrientes, la imputación a los penitenciarios que inutilizaron pruebas para la causa y el avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad donde prestó testimonio el desaparecido Jorge Julio López son las principales medidas que lleva a cabo la Unidad Fiscal Federal de La Plata para su búsqueda y la de los responsables de la desaparición.

El detalle de las tareas fue reseñado en un informe que la Unidad Fiscal remitió al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. La Fiscalía platense tiene a su cargo desde 2009 -bajo la dirección del fiscal general Marcelo Molina- la causa por la desaparición del testigo víctima del terrorismo de Estado, de quien no se tiene información desde el 18 de septiembre de 2006, cuando debía presentarse a los alegatos del juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz, en la capital bonaerense.

El informe explica que una de las principales tareas desarrolladas es la ampliación de la base de datos que contiene más de cinco millones de registros (llamadas telefónicas y mensajes de textos) que deberán ser cruzados para profundizar la investigación sobre las personas sospechosas a lo largo de los 45 cuerpos, 59 legajos con pistas individuales y 74 anexos de documentación, a las que se suma la causa abierta en su momento en la justicia ordinaria.

La fiscalía también informó que una de las pistas llevó en mayo de este año a los investigadores hasta una zona rural de la provincia de Corrientes, que fue examinada tras recibir en la Fiscalía Federal N°1 de la capital correntina los testimonios de dos personas de identidad reservada que afirmaron que habían visto a López "encadenado en una edificación rural". La línea de la pesquisa, que resultó negativa respecto del desaparecido, incluye la investigación -aún en curso- de dos ex agentes de la Policía bonaerense con vínculos con Etchecolatz.

98 coincidencias

La ausencia de un registro sobre hallazgo de cuerpos NN en todo el país llevó a la Unidad Fiscal a establecer un mecanismo con diferentes agencias del Estado que permita cotejar las huellas digitales de cuerpo no identificados con las archivadas en las bases de organismos del Estado y, de esa forma, lograr la coincidencia esperada.

Unas 1259 fichas con huellas digitales correspondientes a cuerpos hallados en la provincia de Buenos Aires entre 2006 y 2015 fueron cotejadas con la de Jorge Julio López y dieron negativo. Pero un total de 98 dio resultados positivos en su cruce posterior con el resto de las bases de datos en manos del Estado, que contienen las huellas con la correspondencia a una persona.

La novedad de esta mecánica implementada en la necesidad de explorar nuevas alternativas en la investigación es que una parte de esos 98 cuerpos -no se sabe cuántos aún- fueron identificados por primera vez. Los investigadores se encuentran en la tarea de remitir a cada jurisdicción el detalle de las identificaciones, para que sean incorporadas a las causas donde se busca el paradero o se sigue una investigación que involucra a las personas identificadas.

Esa tarea fue emprendida en el legajo N°10, caratulado "Restos. Hallazgos. Cadáveres", donde se acumulan constancias "relativas a los hallazgos de cadáveres sin identificar cuyas características pudieran corresponder a las de Jorge Julio López".

Ese legajo se nutre de información requerida a través de circulares remitidas por los ministerios del Interior de la Nación y de Seguridad bonaerense a las fuerzas de seguridad y morgues de todo el país para que informen a la Unidad Fiscal "ante la noticia de hallazgos de cadáveres NN o restos óseos humanos".

Los pedidos "se actualizan regularmente, dado que la tarea de recabar información es sumamente costosa por no contar con un registro que centralice toda la información emergente de las morgues dispuestas a lo largo de todo el territorio nacional", señala la Unidad Fiscal, al igual que lo hizo el año pasado. En efecto, el nuevo informe reitera "la necesidad de conformar una base con fichas dactiloscópicas de personas no identificadas, fallecidas entre el 1° de enero de 2006 y la actualidad" y que, periódicamente, "se proceda al cruce de dicha información con la ficha dactiloscópica correspondiente a la víctima Jorge Julio López".

Ese trabajo se hizo con registros de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía bonaerense. Los registros necropapiloscópicos de esta última son los más numerosos y fueron escaneados y cotejados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que presta asistencia en este caso desde octubre del año pasado a pedido de la Unidad Fiscal.

"Como resultado de dichas tareas, surge que sobre el Lote de Necropapiloscopía PBA [es decir, los registros de la provincia de Buenos Aires], conformado por mil doscientos cincuenta y nueve (1259) tarjetas relevadas y digitalizadas por personal del Equipo de Antropología Forense Policial, en la Sección de Necropapiloscopía, dependiente de la Dirección de Criminalística de la Superintendencia de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, se obtuvo un total de noventa y ocho (98) resultados positivos referentes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y parte del presente año", señala el informe de la Unidad Fiscal.

Causas derivadas

Por otro lado, la Unidad Fiscal informó que requirió la elevación a juicio en dos causas por crímenes de lesa humanidad que involucran a ex policías bonaerenses imputados por Jorge Julio López en sus declaraciones judiciales.

Uno de ellos es Julio César Garachico, que tuvo a su cargo Servicio de Calle de la Unidad Regional y prestó servicios en comisión para el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura. López lo había identificado como uno de los "picaneadores".

Los otros que llegarán a juicio son el ex médico policial Jorge Antonio Bergés, el ex agente Pedro Raúl Muñoz, y uno de los presuntos secuestradores de López, de nombre Luis Raúl Ponce, aunque para su caso la Fiscalía se opuso porque quiere buscar más pruebas. En la misma causa van a juicio dos partícipes del ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi el 24 de noviembre de 1976 -cuando fueron asesinados los ocupantes de la vivienda y secuestrada la beba Clara Anahí Mariani- Cecilio Reynaldo Gómez y Néstor Ramón Buzzato.

Además, la Unidad Fiscal computó entre los logros de la investigación el procesamiento de seis agentes penitenciarios federales por el desvío de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. Los carceleros, que prestaban servicio en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, están acusados de haber ocultado o registrado información falsa en al menos 127 oportunidades en los registros de visitas al pabellón de criminales de lesa humanidad. Esa información hubiera sido importante para la investigación, dado que -de haber sido plasmados los datos correctos- permitiría reconstruir con quiénes se reunieron en la cárcel algunos de los sospechosos en los días previos y posteriores a la desaparición de Jorge Julio López.

Los penitenciarios fueron procesados por "omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio", pero la Fiscalía promueve su juzgamiento -y de hecho, apeló en ese sentido la calificación legal, que se encuentra para su tratamiento en la Cámara Federal- por otros dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público por las conductas de no ejecutar ni cumplir con lo que las leyes establecen y por sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar, total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público, delitos previstos en los artículos 248 y 255 del Código Penal.