En la novena jornada del alegato, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti terminó hoy con el relato de los 350 casos que integran el objeto procesal de la denominada “Megacausa Campo de Mayo” y comenzó con la formulación de la acusación contra tres de los veinte imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978 cuando ejercían funciones en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Durante su exposición, que duró cuatro horas y que se realizó de forma virtual, la representante del Ministerio Publico Fiscal finalizó con el relato de los últimos hechos que ocurrieron entre enero y noviembre de 1978. “Acabo de describir una masacre sin precedentes y sólo hable de algunas víctimas dentro de un universo infinitamente mayor”, señaló Sosti.

La auxiliar fiscal manifestó que el sitio donde funcionó el centro clandestino El Campito, dentro del vasto predio militar, se encuentra actualmente intransitable y casi desaparecido por la vegetación, y solicitó que al momento de dictar sentencia se indique que debe reconvertirse en un sitio de memoria y que se lo reconstruya como tal.

Por último, la funcionaria inició hoy la acusación a los ex militares Santiago Riveros, Eugenio Guañabens Perelló y Luis Sadi Pepa. Al respecto, indicó que “la responsabilidad primaria fue del Ejército” y agregó que “todo se planificó, todo se reglamentó, todo fue documentado”.

El juicio, que comenzó en abril del 2019, aborda los crímenes cometidos contra 350 víctimas, que en su mayoría eran trabajadores, trabajadoras y militantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre quienes hubo 14 mujeres embarazadas.

“Acabo de describir una masacre sin precedentes y sólo hable de algunas víctimas dentro de un universo infinitamente mayor”, dijo la auxiliar fiscal tras abordar los 350 casos objeto del proceso.

Los últimos casos

Sosti inició a las 10.00 su alocución con los casos del militante peronista Jorge Luis Trod y de su pareja Cecilia Marffort, quienes fueron secuestrados en Zarate el 10 de enero de 1978. Luego, continuó con el relato del secuestro de Néstor Meza Niella y su familia, ocurrido el 25 de enero. La auxiliar fiscal señaló que ese día se desarrolló un operativo en la casa de la víctima y que, como no estaba, se llevaron a su esposa y a sus tres hijos, quienes fueron obligados a subir a un camión para ser trasladados a Campo de Mayo, en donde permanecieron secuestrados por una semana. Todos fueron sometidos a simulacro de fusilamiento. Néstor también fue secuestrado y hasta el día de hoy permanece desaparecido.

Otro de los casos abordados fue el de Maria Ester Sonzini, militante del PRT-ERP, que fue secuestrada en abril de ese año por los militares, cuando se encontraba internada en un hospital de Boulogne por haber sufrido un accidente en sus manos con la explosión de un artefacto para arrojar panfletos. A pesar de su estado de salud los militares la encadenaron a la cama, le dejaron una custodia y luego de la internación se la llevaron a Campo de Mayo.

La auxiliar fiscal también se refirió al caso de Carlos Alburquerque, quien también era militante del PRT y trabajaba en la editorial de libros y revistas Atlántida. Sosti refirió que, luego de haber sido secuestrado en su domicilio, el padre del militante fue a la editorial a decir que habían detenido a su hijo y resultó que tanto el responsable de la planta de Garín como el de la casa central ya conocían los detalles.

“No es de sorprenderse, la editorial Atlántida fue uno de los medios de comunicación afines y colaboradores del régimen exterminador”, señaló Sosti y agregó que “si bien no es motivo de investigación en esta causa, es pertinente y necesario mencionar que la revista Para Ti fue uno de los factores de acción psicológica, que con notas aberrantes manipularon a la población subvirtiendo la historia”. Añadió que “uno de los ejemplos más repugnantes fue la entrevista que le hicieron hacer a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba secuestrada en la ESMA” y resaltó la pertinencia de recordar este suceso “porque ese era el lugar de trabajo de este compañero secuestrado”.

"No sólo el sitio es un elemento probatorio fundamental, sino que además es un lugar donde, como sucede con otros centros clandestinos, debería ser el espacio sagrado para poder honrar la memoria de quienes allí padecieron y perecieron".

Espacio para la memoria y formulación de acusación

Luego de finalizar con la lectura de los casos, la representante del MPF señaló que “los lugares donde se perpetró ese ritual execrable fueron varios: los que estaban instalados en el área 400, la comisarías de la Zona de Defensa 4 y las mazmorras de Campo de Mayo”. En ese sentido, resaltó el trabajo de la investigadora Virginia Vechioli de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre la reconstrucción virtual del centro clandestino de detención El Campito, “que junto a la persistencia de sobrevivientes y familiares son los que permite sostener la memoria”.

De esa forma, Sosti reclamó que se recupere ese lugar como un espacio para la memoria, “ya que no sólo el sitio es un elemento probatorio fundamental, sino que además es un lugar donde, como sucede con otros centros clandestinos, debería ser el espacio sagrado para poder honrar la memoria de quienes allí padecieron y perecieron“.
Por último, la auxiliar fiscal comenzó con la formulación de la acusación contra tres de los veinte imputados. Al respecto, indicó que “la responsabilidad primaria [en los hechos] fue del Ejercito, que fue la vanguardia represiva que tuvo desarrollo pleno en todo el territorio”.

De esa forma formuló la imputación contra el acusado Santiago Riveros, ex jefe de Campo de Mayo, para lo cual citó declaraciones del ex militar. En ese sentido, Sosti indicó que en esas manifestaciones el acusado reconoció que las fuerzas armadas tuvieron como objetivo el aniquilamiento y que él mismo definió este concepto como una “destrucción o reducción a la nada, quebrando la voluntad del enemigo con el costo de sangre que sea necesario”.

En cuanto a Eugenio Guañabens Perelló, quien se desempeñó como director de la escuela “General Lemos”, Sosti recordó que el acusado había dicho que “las operaciones militares en el área 470 eran de seguridad a cargo de la Escuela [de suboficiales] y de aniquilamiento, para separar a la población de los elementos subversivos asegurando los recursos y bienes públicos y privados”. Finalmente la auxiliar fiscal concluyó su jornada con la imputación de Luis Sadi Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones y jefe del área 420.

El alegato continuará el miércoles próximo con las acusaciones de los 17 imputados restantes.