El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unificó las tres penas firmes respecto del ex prefecto Juan Antonio Azic y las dos penas firmes recaídas sobre el ex médico militar Carlos Octavio Capdevila y les impuso, a cada uno, una pena única a 25 años de prisión.

Firmada por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Obligado y Adrián Günberg, la resolución hizo lugar a la unificación promovida por la Unidad Fiscal que interviene en los crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (UFI ESMA), a cargo del fiscal federal Leonardo Filippini.

Tras ponderar las peticiones del Ministerio Público, de las partes querellantes y de las defensas, y la jurisprudencia en torno al procedimiento para la unificación de condenas, el tribunal señaló: "Habremos de tener en cuenta la naturaleza de los hechos juzgados, y las demás circunstancias oportunamente ponderadas en ocasión de mensurar las penas impuestas, lo que nos lleva a considerar conveniente la aplicación del sistema composicional a la hora de unificar los fallos en cuestión".

Luego prosiguieron: "Consideramos que las penas únicas que habremos de imponer en la parte dispositiva del presente a Juan Antonio Azic y Carlos Octavio Capdevila, conforme las previsiones de los arts. 40, y 41 del Código Penal de la Nación, resultan ajustadas a los elementos convictivos que surgen del proceso y a la culpabilidad que fue demostrada por los hechos cometidos y por sobre todo, porque dicho método va a conducir a una dosificación más justa, por ser adecuado a los principios que manda la Constitución".

Azic y Capdevila fueron condenados en tres y dos juicios, respectivamente. Los dos, en el denominado proceso "ESMA II" (2011), recibieron 18 y 20 años de prisión. Ambos también recibieron penas de 10 años prisión en la denominada causa "Lanzón", cuya sentencia adquirió firmeza por un pronunciamiento de la Corte Suprema en agosto pasado.

Azic, por su parte, recibió 14 años de prisión en la denominada causa "Plan Sistemático" (2012), que abordó integralmente el plan criminal dirigido a la sustracción de niños y niñas, hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado.

El TOCF N°5 fue el encargado de unificar las penas de ambos porque les dictó las penas más altas, de acuerdo con los prescripto en el artículo 58 del Código Penal, el cual señala que "corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras".